Hidrovía: Un solo oferente y sospechas de irregularidades llevan a la cancelación de la licitación
El Gobierno Nacional anunció este miércoles la cancelación de la licitación para la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay tras recibir una única oferta, proveniente de la empresa belga Dredging Environmental and Marine Engineering NV (DEME). La decisión se fundamenta en sospechas de «posible presión sobre el resto de las empresas» o «presunta asociación ilícita en perjuicio del Estado nacional y los productores argentinos», según declaró Manuel Adorni, vocero presidencial.
La situación resulta paradójica, ya que DEME fue la misma firma que denunció previamente un supuesto direccionamiento del pliego licitatorio en favor de Jan de Nul, anterior concesionario hasta 2021. «Llama la atención que la única que se presentó fue la empresa que impulsó acusaciones de direccionamiento», señaló Adorni, quien también cuestionó la falta de participación de otras 10 empresas que, pese a estar inscriptas, no presentaron ofertas.
Cruce de acusaciones y una licitación multimillonaria en el limbo
El Gobierno apuntó contra «sectores de la política y empresarios» por presunto lobby en favor de sus intereses, en una clara alusión a las denuncias de la Coalición Cívica. Adorni aseguró que el proceso licitatorio fue «validado tres veces en la Justicia» y rechazó las acusaciones de direccionamiento, negocios incompatibles y corrupción. Desde la oposición, el diputado Maximiliano Ferraro insistió en la necesidad de citar a los funcionarios responsables de la licitación.
El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, calificó el procedimiento como «transparente» y denunció la existencia de «un grupo de vivos que operaron el vaciamiento de ofertas». Arreseygor aseguró que el Gobierno investigará y perseguirá «con todo el peso de la ley» a los responsables de este «intento de sabotaje». La Hidrovía representa un negocio multimillonario, con una facturación estimada en 20.000 millones de dólares por los próximos 30 años, extensible por otros 30 años más. La nueva licitación se lanzará una vez concluida la investigación sobre las irregularidades denunciadas.
