Cristina Kirchner apela condena en Causa Vialidad y solicita absolución
Cristina Kirchner presentó este jueves la apelación ante la confirmación de su condena en la causa Vialidad, solicitando a la Corte Suprema de Justicia su absolución. El Tribunal Oral Federal 2 la halló responsable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, con una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia.
La fiscalía, en una apelación propia, solicitó duplicar la condena de la exmandataria, retomando la acusación de asociación ilícita. Con un escrito de 40 páginas, la defensa de Kirchner, a cargo de Carlos Beraldi, argumenta que la sentencia carece de pruebas directas y se basa en «circunstancias» que los jueces interpretaron como indicios.
La defensa alega falta de pruebas y arbitrariedad
Beraldi calificó los argumentos de la sentencia como «absolutamente arbitrarios, desprovistos del más mínimo sustento lógico, fáctico y jurídico», y se refirió a Kirchner como «la persona que más ha sido acosada mediante denuncias en toda la historia argentina». La defensa rechaza la acusación de corrupción estatal para beneficiar a Lázaro Báez, sosteniendo que los 51 contratos viales otorgados al Grupo Austral entre 2003 y 2015 fueron «legales» y contaron con la aprobación de los organismos de control.
La apelación insiste en que “la falta de pruebas de cargo […] es consecuencia directa […] de que Cristina Fernández de Kirchner es absolutamente inocente”. El daño al Estado, según la justicia, asciende a 80.000 millones de pesos, debido a direccionamiento de la obra pública, sobrecostos y adjudicaciones irregulares, que resultaron en que el 86% de la obra pública vial quedara en manos de Báez, con la mitad de las rutas inconclusas.
El juicio y la apelación a la Corte Suprema
La defensa de Kirchner plantea que la Corte Suprema «debe intervenir […] pues la condena […] resulta contraria al derecho federal», argumentando la lesión de garantías constitucionales como el derecho a ser juzgado por jueces imparciales y el debido proceso. Se critica la realización del debate oral, alegando que «se ha quebrantado la garantía de la defensa en juicio» y que «se denegó prueba necesaria y conducente para la resolución del pleito».
Se reitera la existencia de «cosa juzgada», argumento ya desestimado en instancias judiciales previas, y denuncia «múltiples arbitrariedades» en la sentencia condenatoria. La defensa sostiene que se atribuyó a Kirchner «el quebrantamiento de deberes que ni la Constitución Nacional, ni la ley, ni ninguna otra norma jurídica le imponían» y se le asignó «responsabilidad penal por supuestos perjuicios patrimoniales que le resultaban absolutamente ajenos.»
