40 mil inversores lloran sus ahorros, 4 mil millones de dólares se esfumaron como por arte de magia (negra), y el kirchnerismo pide juicio político a los gritos. ¿Abuso de autoridad? ¿Estafa? ¿Asociación ilícita? El menú de acusaciones es más extenso que la lista de espera del PAMI.
Mientras tanto, Milei se hace el sueco… o el león dormido. ¿Estará planeando su próxima jugada maestra en el ajedrez económico… o buscando un buen abogado? La Oficina Anticorrupción, con Javier Melik a la cabeza, también se suma a la fiesta. Parece que a alguien se le olvidó leer la Ley de Ética Pública. ¡Drama, drama, drama!
La jueza federal María Servini quedó a cargo de la investigación de las denuncias contra el presidente Javier Milei por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, tras un sorteo realizado en la Cámara Federal porteña. En menos de 48 horas, se acumularon más de cien acusaciones por diversos delitos en los tribunales de Comodoro Py. El fiscal Eduardo Taiano será quien determine si corresponde imputar al jefe de Estado.
El Rugpull y la denuncia que inició la investigación
El Observatorio del Derecho de la Ciudad presentó la primera denuncia, acusando a Milei de formar parte de una asociación ilícita que organizó una estafa a través de la criptomoneda $LIBRA, afectando a más de 40 mil personas con pérdidas que superan los 4 mil millones de dólares. La denuncia describe la maniobra como un «Rugpull», donde los desarrolladores atraen inversores para aumentar el valor de la criptomoneda y luego se retiran abruptamente con el dinero, dejando a los inversores con activos sin valor.
La promoción presidencial y el derrumbe de la criptomoneda
El viernes, Milei publicó un mensaje en su cuenta de X (ex Twitter) instando a invertir en la criptomoneda de la empresa KIP Protocol. Tras la promoción presidencial, el valor de la moneda se disparó, pero luego se desplomó cerca de un 90%, dejando a numerosos inversores con pérdidas significativas.
Repercusiones políticas y la investigación de la Oficina Anticorrupción
El escándalo generó diversas reacciones en el ámbito político, incluyendo pedidos de juicio político contra Milei y la investigación por parte de la Oficina Anticorrupción, dirigida por Javier Melik, para determinar si hubo violación a la Ley de Ética Pública. Entre las acusaciones contra el presidente se encuentran estafa, fraude, negociaciones incompatibles y asociación ilícita. El fiscal Taiano deberá analizar las denuncias y decidir si existen elementos suficientes para impulsar la acción penal contra el presidente de la Nación.