¿Corte Suprema por decreto? La decisión de Milei mantiene en vilo al país
La posible designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia mantiene en vilo a la escena política argentina. La decisión, que recae en el presidente Javier Milei, se encuentra demorada, generando especulaciones y suspicacias, especialmente considerando que el plazo límite para concretarla por decreto vence el próximo viernes, antes de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.
Un alto funcionario, escudándose en la figura presidencial, evitó dar precisiones sobre la fecha de publicación de los decretos, que según trascendidos estarían «a la firma». «Depende del Presidente», fue la lacónica respuesta que alimentó la incertidumbre. Esta dilación contrasta con la aparente certeza que existía hasta la semana pasada, cuando la designación parecía inminente.
El factor tiempo y el espectro del criptoescándalo
La premura del tiempo se impone: el sábado 1° de marzo, el presidente Milei inaugurará las sesiones ordinarias del Parlamento, y la composición de la Corte Suprema volverá a ser tema de debate en el Senado. «Si no es esta semana no se puede por decreto porque reinicia las actividades el Congreso», confirmó una fuente cercana al Ejecutivo, remarcando la importancia de la decisión presidencial en las próximas horas.
La cautela del gobierno, sin embargo, podría estar vinculada al reciente escándalo en torno al token $LIBRA y la conexión del mandatario con los responsables del fallido proyecto. La crisis generada por el colapso de la criptomoneda habría obligado al Ejecutivo a recalcular su estrategia política, incluyendo la designación de los jueces de la Corte.
Lijo: ¿De la resistencia a la aceptación?
Las negociaciones con Lijo, a cargo del Ministerio de Justicia con la participación del asesor Santiago Caputo, se desarrollan en un clima de hermetismo. En el oficialismo aseguran desconocer la postura del magistrado ante una eventual designación por decreto.
Sorpresivamente, Lijo, quien anteriormente había manifestado su intención de integrar la Corte solo tras la aprobación del Senado, ahora estaría dispuesto a «evaluar» una designación por decreto. Este cambio de postura abre un nuevo escenario y alimenta las especulaciones sobre las negociaciones en curso. En la Casa Rosada, la incertidumbre reina. Nadie se atreve a asegurar la fecha de publicación de los decretos ni a descartar un cambio de último momento. Sin embargo, en el círculo íntimo presidencial son conscientes de la dificultad de obtener la aprobación del Senado en un año electoral, especialmente tras el rechazo previo al pliego de Lijo. Por ello, la designación por decreto cobra fuerza, a pesar de las amenazas de la oposición de rechazar los pliegos si se concreta esta vía. La estrategia oficialista busca no solo completar la Corte Suprema, sino también presionar a la oposición a definir su postura pública respecto a Lijo, un magistrado con un historial controvertido que incluye denuncias de ONG y cuestionamientos de diversos sectores políticos.
