Milei designa por decreto a dos jueces para la Corte Suprema ante la inacción del Senado
El presidente Javier Milei designó por decreto a Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en comisión, hasta el fin del próximo período legislativo. La decisión, comunicada a través de un extenso comunicado de la Oficina del Presidente, se fundamenta en la falta de tratamiento por parte del Senado de los pliegos de los candidatos propuestos por el Ejecutivo hace casi un año. El Gobierno remarcó que se cumplieron todos los pasos necesarios para la postulación, incluyendo la publicación de antecedentes, la consulta ciudadana y las audiencias públicas de ambos candidatos.
Un año de silencio en el Senado
El comunicado presidencial detalla cronológicamente el proceso de postulación: desde el anuncio de las nominaciones en marzo de 2024, la publicación de los antecedentes en abril, el envío de los pliegos al Senado en mayo, hasta las audiencias públicas en agosto. A pesar de que los candidatos quedaron habilitados para ser considerados por la Cámara alta, el Senado, presidido por Victoria Villarruel, no dio tratamiento a los pliegos ni en sesiones ordinarias ni extraordinarias. «Desde el 27 de mayo de 2024 hasta el pasado viernes, […] la Cámara Alta debió haber prestado acuerdo a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, optó por guardar silencio», señala el comunicado.
El decreto, una facultad constitucional
El Gobierno argumenta que la Constitución Nacional, en su artículo 99 inciso 4, faculta al Presidente a nombrar jueces de la Corte Suprema. Si bien el Senado debe prestar acuerdo, su rol se limita a aprobar o rechazar la propuesta del Ejecutivo basándose en la idoneidad de los candidatos, no en intereses políticos. «El Senado de la Nación debe expresar acuerdo o rechazar las propuestas presidenciales, sin que en ningún caso pueda proponer candidatos», aclara el comunicado. La decisión de Milei de recurrir al decreto para nombrar a los jueces en comisión se ampara en la facultad presidencial de cubrir vacantes durante el receso del Senado, una práctica con antecedentes históricos en Argentina y convalidada por la propia Corte Suprema. El comunicado finaliza afirmando que el Gobierno «continuará con el trámite legislativo para que la Cámara Alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos».
