Lluvia de amparos contra el decreto de Milei
La designación en comisión de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla a la Corte Suprema por parte del presidente Javier Milei desató una ola de cuestionamientos y acciones legales. La Red de Mujeres para la Justicia, que agrupa a juezas de todo el país, solicitó un per saltum a la Corte Suprema para que declare la inconstitucionalidad del decreto 137/2025.
Este pedido se suma a las presentaciones realizadas por otras organizaciones como CEPIS, Poder Ciudadano y ACIJ, quienes argumentan que la designación por decreto, sin la aprobación del Senado, viola la Constitución Nacional y pone en riesgo el sistema republicano. El presidente de Poder Ciudadano, Martín D’Alessandro, confirmó que se basan en la falta de una emergencia judicial que justifique la medida y en la necesidad del procedimiento de nombramiento a través del Senado.
Antecedentes que pesan: El caso Rosatti y Rosenkrantz
Entre los antecedentes que se citan, se encuentra el amparo aceptado por la justicia en 2016, cuando el entonces presidente Mauricio Macri intentó designar por decreto a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Si bien la designación fue anulada posteriormente, el caso sirve como precedente para argumentar la inconstitucionalidad del accionar de Milei.
La Red de Mujeres para la Justicia, presidida por la jueza María Eugenia Chapero, no solo cuestiona la forma de la designación, sino también la falta de inclusión de una mujer en reemplazo de Elena Highton de Nolasco. A través de su apoderado, Francisco Verbic, la asociación solicitó la avocación directa de la Corte en una causa ya abierta, lo que complica aún más la situación para los candidatos de Milei.
Un «hecho nuevo» que modifica el escenario
La ONG argumenta que el decreto 137/2025 representa un «hecho nuevo» que modifica el escenario institucional y habilita a la Corte a intervenir. «La tentativa de eludir tanto el control político del Senado como el control judicial en curso (…) mediante un acto administrativo manifiestamente inconstitucional, genera un punto de inflexión que inhabilita cualquier posible posición de deferencia institucional», advierte la organización.
El pedido de per saltum y las presentaciones de amicus curiae a favor de la Red de Mujeres para la Justicia llevan seis meses sin respuesta por parte de la Corte. La reciente designación por decreto agrega un nuevo elemento de urgencia a la situación y pone en el centro del debate la independencia del Poder Judicial y el respeto a la Constitución Nacional.
