Milei y la Corte: Una designación con sabor a polémica
La designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia por parte del presidente Javier Milei ha generado una fuerte controversia política y judicial en Argentina. Mientras el oficialismo se muestra confiado en la legalidad de la medida y en la eventual aprobación de los nombramientos por parte del Senado, la oposición denuncia una violación a la Constitución y promete dar batalla en el Congreso y en la Justicia.
Optimismo oficialista versus resistencia opositora
Desde la Casa Rosada, se asegura que “no pueden hacer nada para bloquearlos” y que al final del camino “van a tener el acuerdo del Senado”. Argumentan que se agotaron todas las instancias políticas para designarlos por la vía tradicional y que el decreto cuenta con el sustento jurídico necesario. Incluso, como muestra de confianza, ambos juristas fueron invitados a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. “Técnicamente ya están adentro de la Corte”, afirman desde el entorno presidencial.
La oposición, por su parte, acusa al Gobierno de avasallar la división de poderes y de intentar copar la Corte Suprema. Diversos sectores políticos, incluyendo al kirchnerismo, anunciaron que impugnarán los nombramientos ante la Justicia y buscarán frenarlos en el Senado. Se espera que intenten alinear fuerzas con sectores del PRO, la UCR e incluso con el senador Francisco Paoltroni, un crítico de Lijo que recientemente rompió con el oficialismo.
El Senado, escenario de la batalla final
El oficialismo descarta cualquier temor ante las posibles impugnaciones y considera que el debate jurídico “no existe”. «Hay muchos antecedentes de designaciones en comisión», argumentan, citando casos desde la presidencia de Urquiza hasta la de Macri. Confían en que la Corte Suprema, al tomar juramento a Lijo y García-Mansilla, estaría reconociendo la facultad del presidente para realizar este tipo de nombramientos.
Sin embargo, la tensión se centra en el Senado, donde la oposición asegura tener los votos necesarios para rechazar los pliegos. El oficialismo, a su vez, redobla la apuesta y desafía: «Queremos ver quién se anima a levantar la mano para rechazar a Lijo». En este contexto de incertidumbre, el Gobierno no descarta la posibilidad de negociar con la oposición, incluso con el kirchnerismo, para asegurar la aprobación de los nombramientos. El futuro de la Corte Suprema y del equilibrio de poderes en Argentina se definirá en los próximos días en el Congreso.
