¿Fuerzas federales en el Conurbano? Parece que en el Gobierno Nacional se manejan con la política del «si me pedís, te doy». Mientras tanto, en la Provincia reclaman fondos. ¿Será que la inseguridad se soluciona con un vuelto?
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, silenciosa cual ninja ante el caso Kim González, pero lista para desplegar gendarmes… solo si Kicillof lo pide. ¿Un juego de ajedrez político o simplemente indecisión?
Kicillof, por su parte, prefiere que le devuelvan la plata antes que los gendarmes. ¿Será que piensa comprar más patrulleros con ese dinero? Mientras tanto, la oposición carga contra el gobernador y la fiscal que liberó a los responsables. Parece que la única seguridad que tenemos es que la polémica seguirá.
Inseguridad en agenda: Nación y Provincia, en un nuevo round
El asesinato de Kim González, una niña de 7 años en La Plata, reavivó la discusión sobre la inseguridad en el Conurbano bonaerense. El Gobierno Nacional, a cargo de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, no contempla por el momento el envío de fuerzas federales a la zona, una medida implementada en gestiones anteriores. Esta posibilidad solo se consideraría si el gobernador Axel Kicillof la solicita formalmente.
Reclamos cruzados: fondos vs. gendarmes
Desde la gobernación bonaerense descartan la necesidad de fuerzas federales y, en cambio, exigen la restitución de 750 mil millones de pesos del fondo de fortalecimiento fiscal, retenidos por la Nación. Argumentan que estos recursos equivalen a una inversión significativa en seguridad, comparable a la adquisición de 500 patrulleros, y recuerdan la reciente compra de 5 mil patrulleros y 11 helicópteros por parte de la Provincia. Además, señalan una disminución del 10% en los homicidios durante enero en territorio bonaerense.
Críticas opositoras y tensión política
La oposición, liderada por José Luis Espert y Javier Milei, critica duramente la gestión de Kicillof en materia de seguridad, exigiendo mayor empoderamiento para la policía. Milei presentará en el Congreso una agenda de seguridad con penas más duras, en un acto al que Kicillof no asistirá. La tensión se agudiza con el pedido de juicio político al gobernador y la controversia en torno a la fiscal Sabrina Cladera, quien solicitó la liberación de los menores involucrados en el asesinato de Kim González. Mientras tanto, el ministro de Economía, Sergio Massa, insta a Kicillof a reformar la gestión del Ministerio de Seguridad provincial. La inseguridad, una vez más, se convierte en el escenario de una disputa política con final abierto.