Milei y la Corte: Un capítulo más de la novela judicial
Tras la juramentación de Manuel García Mansilla como miembro de la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno de Javier Milei aguarda una decisión crucial sobre su segundo candidato, Ariel Lijo. Con el inicio del período de sesiones ordinarias, el Ejecutivo enfrenta el desafío de enviar 222 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales al Senado para su aprobación. La designación de Lijo, actualmente juez federal, depende de que la Corte le conceda la licencia extraordinaria solicitada para integrar el máximo tribunal. El magistrado obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos, pero su pliego no fue tratado en sesiones extraordinarias.
Un Poder Judicial con agujeros: el desafío de las vacantes
Milei aspiraba a la imagen de una Corte completa con cinco miembros para la inauguración del período legislativo, aunque Lijo aún no ha sido confirmado. La vacante que dejó Elena Highton de Nolasco en 2021 continúa sin cubrirse. Más allá de la Corte, el Gobierno tiene una tarea monumental por delante: la aprobación de 222 pliegos para cubrir vacantes en el Poder Judicial. Estos pliegos, revisados y modificados por el Ministerio de Justicia a cargo de Mariano Cúneo Libarona, reemplazan a los presentados por la administración anterior. Si bien el oficialismo se muestra optimista sobre su aprobación, la tarea no será sencilla. Uno de los puntos a favor es que la votación requiere mayoría simple, a diferencia de los dos tercios necesarios para la Corte Suprema. Además, los pliegos no incluyen candidatos para Comodoro Py, el fuero que investiga casos de corrupción, narcotráfico y lavado de activos.
El largo camino de los pliegos: del Consejo de la Magistratura al Senado
El proceso de nombramiento de jueces es complejo y comienza en el Consejo de la Magistratura, responsable de la evaluación de candidatos y la confección de ternas. El año pasado, el Consejo, presidido por Horacio Rosatti, concluyó 97 concursos, una cifra inusualmente alta. Los pliegos aprobados son luego enviados al Poder Ejecutivo, que a su vez los remite al Senado para su tratamiento en la Comisión de Acuerdos. Una vez aprobados por la Cámara Alta, regresan al Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial. Sin embargo, en 2024, el Gobierno no designó a ningún juez a pesar de recibir 96 ternas. Actualmente, existen pliegos en el Ejecutivo que podrían cubrir más del 60% de las vacantes del Poder Judicial, mientras que otro 40% permanece en trámite en el Consejo de la Magistratura. Este panorama ilustra la preocupante situación del Poder Judicial, con un 30% de sus cargos vacantes, lo que afecta la administración de justicia en el país. La ley de subrogancias, concebida como una solución temporal, se ha convertido en la norma, profundizando la problemática.
