Nación Seguros: El nuevo capítulo en la saga judicial de Alberto Fernández
La causa por presunta corrupción contra el ex presidente Alberto Fernández, relacionada con 25 contratos entre organismos estatales y Nación Seguros, suma un nuevo capítulo. Tras el fallecimiento del juez Claudio Bonadio y la subrogancia de Julián Ercolini, el expediente quedó en manos del juez Sebastián Casanello. Este cambio de magistrado introduce un nuevo compás de espera en la definición sobre un eventual procesamiento del ex mandatario.
Nuevas medidas dilatan la resolución
Casanello dispuso una serie de medidas «de carácter menor», según fuentes judiciales, para profundizar en la investigación. Estas medidas, que buscan «cerrar algunos interrogantes» y «reconstruir los circuitos administrativos», implican un retraso en la resolución sobre la situación procesal de Fernández y otras 38 personas involucradas. Se busca determinar los grados de responsabilidad y la posible atribución de conductas penales. Entre las diligencias en curso se encuentran entrecruzamientos telefónicos para «delimitar el mapa de relaciones» entre los implicados.
El decreto que desató la tormenta
La investigación se centra en el Decreto 823/2021, firmado por Alberto Fernández, que obligaba al Estado a contratar exclusivamente a Nación Seguros. Esta decisión, según la acusación, habría habilitado la intermediación de brokers que percibieron comisiones millonarias. El foco está puesto en la presunta concentración de comisiones en un pequeño grupo de empresarios y la adjudicación de una parte significativa de los contratos a Héctor Martínez Sosa, amigo del ex presidente. La justicia investiga si existió un direccionamiento intencional de los contratos y si los intermediarios cumplieron una función real que justificara las elevadas comisiones recibidas. Se analiza también la posible influencia de la relación entre Martínez Sosa y María Cantero, ex secretaria de Fernández, en la adjudicación de los contratos. El monto total pagado por el gobierno de Fernández en los 45 contratos investigados asciende a 3.453.302.777 pesos.
