¿Ventana o pared? Las comunidades mapuches Buenuleo y Quemquemtreu deberán decidir pronto si se van por las buenas o si esperan a que la policía les muestre la puerta. El Tribunal de Impugnación Provincial ratificó las órdenes de desalojo en Bariloche y El Bolsón. ¿Será que a la justicia le gusta el turismo aventura y quiere ver si los mapuches pueden correr más rápido que los caballos?
Mientras tanto, la Coordinadora del Parlamento Mapuche y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos pusieron el grito en el cielo y agitan el documento de «estado de alerta». Acusan a la Justicia de tener menos sensibilidad social que un cactus y de favorecer a los terratenientes. ¿Tendrán razón o solo quieren quilombo?
Total, si algo sabemos en Argentina es que cuando se juntan la tierra, la justicia y los derechos indígenas, la cosa se pone más picante que un asado con chimichurri extra fuerte.
Desalojo inminente de dos comunidades mapuches en Río Negro
Dos comunidades mapuches en la provincia de Río Negro, Buenuleo en Bariloche y Quemquemtreu en El Bolsón, se enfrentan a un inminente desalojo luego de que el Tribunal de Impugnación Provincial ratificara las órdenes judiciales. El plazo otorgado para el abandono voluntario de los territorios ocupados ha vencido, lo que habilita a la fuerza pública a proceder con el desalojo.
Conflicto territorial y reclamos de derechos indígenas
La comunidad Quemquemtreu se encuentra asentada desde 2021 en un predio fiscal en Cuesta del Ternero, que la provincia había otorgado para explotación forestal a Rolando Rocco, quien figura como querellante en la causa. Por su parte, la comunidad Buenuleo ocupa un terreno en la zona del cerro Ventana desde 2019, propiedad de otro querellante, Emilio Friedrich.
La Coordinadora del Parlamento Mapuche y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) han expresado su enérgica oposición al desalojo, declarando el «estado de alerta» y denunciando que la decisión judicial «hace caso omiso de toda la legislación nacional e internacional en derecho indígena». Argumentan que se están privilegiando intereses privados por sobre los derechos de las comunidades originarias y el acceso a bienes comunes como la tierra y el agua.
Intervención del Ministerio de Seguridad y hermetismo oficial
La Justicia rionegrina ha dado intervención al Ministerio de Seguridad provincial para que lleve a cabo el desalojo. Si bien no se ha confirmado una fecha para el operativo, se espera que se concrete en los próximos días. Las autoridades se han mantenido en estricta reserva respecto a los detalles del procedimiento, lo que ha generado mayor incertidumbre y tensión en la zona.