¿Belliboni a juicio? ¡Se picó! El líder del Polo Obrero dice que no hay pruebas. ¿Será que el fiscal Pollicita se quedó sin nafta? La defensa grita: «¡Nulidad!». Parece que las marchas no eran obligatorias… ¿o sí? 17 palos para alimentos… ¿alguien vio los tickets? El misterio de los planes sociales y la Cooperativa El Resplandor. ¿Se viene el juicio del siglo o solo fue un chamuyo?
Tres denuncias sin ratificar… ¿y con eso arman un juicio? Dicen que Belliboni manejaba 65 mil beneficiarios… ¿un ejército de planeros? La justicia investiga si hubo apriete para ir a las marchas… ¿o era voluntariado patriótico? El fiscal habla de «lucro indebido»… ¿habrá que devolver la guita?
Belliboni y el Polo Obrero rechazan ir a juicio oral
Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, y otros dieciséis dirigentes procesados por presunta corrupción, se oponen al pedido de la Fiscalía de ser enviados a juicio oral. La defensa, a cargo de la abogada Liliana Alaniz, solicitó la nulidad del requerimiento, argumentando la falta de pruebas y negando la existencia de una «matriz delictiva» de extorsión y coacción, como sostiene la acusación.
La Fiscalía acusa de «administración fraudulenta, amenazas y extorsión»
El fiscal federal Gerardo Pollicita imputa a Belliboni y a los demás dirigentes la administración fraudulenta de fondos públicos, amenazas y extorsión a beneficiarios del plan social Potenciar Trabajo. La Fiscalía sostiene que se ofrecía la incorporación al plan a cambio de participar en marchas y movilizaciones, bajo amenaza de perder el subsidio. Según la investigación, esta «compleja matriz delictiva» se aprovechó de la vulnerabilidad social para obtener un lucro indebido y ejercer control sobre miles de personas. Se estima que el Polo Obrero llegó a tener bajo su tutela a más de 83 mil beneficiarios.
La defensa niega las acusaciones y cuestiona las pruebas
La defensa del Polo Obrero rechaza categóricamente las acusaciones. Alaniz calificó el pedido de elevación a juicio como un «compendio de afirmaciones arbitrarias carentes de todo sustento», y cuestionó la interpretación de la Fiscalía de las pruebas presentadas, como planillas, cuadernos y documentos internos. Señalan que las movilizaciones son una práctica habitual de las organizaciones sociales y que el Polo Obrero no tenía la capacidad de dar de baja los planes. Además, afirman que los 17 millones de pesos recibidos a través de un convenio se utilizaron para la compra de alimentos y que se rindieron cuentas de todos los fondos. Finalmente, destacan las «condiciones de vida humildes» de los imputados y la ausencia de perjuicio patrimonial al Estado.