Basset: La nueva cara de los Derechos Humanos en Argentina
La abogada ultraconservadora Úrsula Basset asumió la dirección de Derechos Humanos de la Cancillería, una designación que ha generado controversia tanto a nivel nacional como internacional. Basset, conocida por su postura anti género, anti LGBTQ+ y sus intervenciones aislacionistas ante organismos como la ONU y la OEA, fue formalizada en el cargo mediante la resolución 71/2025, publicada en el Boletín Oficial con la firma del canciller Gerardo Werthein.
Una designación polémica en un contexto de críticas internacionales
El nombramiento de Basset coincide con una ola de críticas hacia Argentina por parte de organismos internacionales, debido a sus posiciones aislacionistas en temas de derechos humanos. Estas críticas se suman a los embates del gobierno contra la Agenda 2030 de desarrollo sostenible y el Acuerdo de París contra el cambio climático, siguiendo la línea de líderes como Donald Trump y Benjamín Netanyahu. La nueva directora deberá lidiar con las alertas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y Amnistía Internacional, entre otros. Internamente, su designación busca resolver el vacío de poder existente en la Cancillería tras la salida de Mondino y la reestructuración del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Un perfil inédito para un cargo de alto prestigio
La llegada de Basset marca un precedente, ya que se trata de la primera vez desde el retorno de la democracia que una persona sin experiencia en derecho internacional de los Derechos Humanos ocupa este cargo. Tradicionalmente, la dirección ha sido ocupada por diplomáticos de carrera y académicos de renombre en el ámbito internacional, como Leandro Despouy, Horacio Basabe, Horacio Ravenna y Mónica Pinto. Basset, experta en derecho de familia, se encuentra en las antípodas de la jerarquía constitucional otorgada a los instrumentos internacionales de derechos humanos en la reforma constitucional de 1994, principios con los que la nueva directora ha mostrado públicamente su desacuerdo. Su defensa de los «discursos de odio» en redes sociales y su postura contraria al aborto, la perspectiva de género y los derechos de la comunidad LGTBI, la colocan en una posición diametralmente opuesta a la agenda de derechos humanos promovida por los organismos internacionales. El nombramiento también implica un desplazamiento de Nahuel Sotelo, secretario de Culto y Civilización, quien inicialmente había absorbido el área de derechos humanos. La reciente reestructuración del Ministerio, con la eliminación de la subsecretaría de Asuntos Latinoamericanos y la permanencia de áreas con funciones solapadas en materia de Culto, plantea interrogantes sobre la estrategia del gobierno en política exterior.
