El dilema de García Mansilla: ¿Seguir o renunciar?
El rechazo del Senado al pliego de Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia ha generado un escenario de incertidumbre y tensión política. Mientras el Gobierno insiste en la constitucionalidad de su nombramiento por decreto y le insta a continuar en el cargo, el jurista evalúa su renuncia ante la presión política y judicial.
Una medida cautelar dictada por el juez Alejo Ramos Padilla, que impide a García Mansilla intervenir en causas del máximo tribunal por tres meses, sumada a las fuertes críticas de la oposición y a declaraciones como la de Ricardo Lorenzetti –quien afirmó que «nunca aceptaría ser designado por decreto»–, han puesto en jaque la posición del jurista. El propio García Mansilla había expresado previamente su rechazo a las designaciones en comisión, lo que aumenta la contradicción de su situación actual.
La estrategia del Gobierno: resistir y esperar
Ante la negativa del Senado, el Ejecutivo asegura que no existe un «plan B» y que la estrategia consiste en esperar hasta el recambio legislativo para volver a presentar los mismos pliegos. Fuentes del Gobierno afirman que «en seis meses copamos el Congreso» y podrán avanzar con las designaciones sin la «obstrucción de la casta política”.
Desde el oficialismo se acusa a la oposición, incluyendo a figuras como Victoria Villarruel y Mauricio Macri, de «operar» para que la sesión fracasara y de «tener de rehenes a los candidatos». Sin embargo, estas acusaciones se basan más en la confrontación política que en hechos concretos. La oposición ha criticado abiertamente la candidatura de Ariel Lijo desde el inicio del proceso, exigiendo al Gobierno la postulación de otro nombre.
La Corte, un tablero político en tensión
La permanencia de García Mansilla en la Corte es crucial para el Gobierno. El Ejecutivo «se jugó todas las cartas» con su nombramiento y su continuidad, al menos hasta noviembre, garantiza una presencia en el máximo tribunal. Este escenario convierte a la Corte Suprema en un tablero político donde se dirimen las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, con un futuro aún incierto para el cuestionado jurista.
