El Gobierno busca frenar la investigación por el caso LIBRA
El oficialismo se encuentra en una carrera contrarreloj para impedir que la oposición alcance el quórum necesario para crear una comisión investigadora que indague sobre el escándalo de la criptomoneda LIBRA, promocionada por Javier Milei el pasado 14 de febrero. En medio de la turbulencia económica generada por las políticas de Donald Trump y la reciente renuncia de Manuel García Mansilla, el Gobierno intenta contener la embestida del kirchnerismo y sus aliados. «Por ahora no está garantizado el quórum. Estamos trabajando con los gobernadores que suelen no sumarse a la agenda del kirchnerismo», declaró un operador político de Casa Rosada.
Una pulseada política con final abierto
La estrategia del oficialismo, orquestada desde Jefatura de Gabinete y por el asesor Santiago Caputo, consiste en replicar la alianza que le permitió bloquear vetos presidenciales en 2024. Buscan el apoyo de legisladores de la LLA, el PRO, Innovación Federal (espacio de los gobernadores Sáenz, Weretilneck y Passalacqua), además de diputados de Tucumán, San Juan y Neuquén. El objetivo es truncar los proyectos opositores, que incluyen desde la interpelación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hasta la creación de la comisión investigadora para determinar la responsabilidad del Presidente en la promoción del fallido token.
La amenaza de las demandas en Estados Unidos
Mientras tanto, la presión aumenta desde el exterior. El ex fiscal federal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Timothy Treanor, prepara una denuncia penal y un reclamo de resarcimiento para los inversores perjudicados por LIBRA ante la Corte Federal de Nueva York. Esta acción legal se suma a la demanda presentada en marzo por el estudio Burwick Law. Si bien en el entorno presidencial minimizan la preocupación por las causas judiciales, la situación agrega un nuevo frente de conflicto al ya complejo panorama político. A esto se suma la próxima presentación del informe de Gestión de Guillermo Francos en la Cámara baja, donde deberá responder, entre otras 2500 preguntas, unas 100 relacionadas con el escándalo de LIBRA.
