Belliboni, el Robin Hood al revés, a juicio oral. ¿Se viene la Bellibononeta a la cárcel? Lo acusan de quedarse con la guita de los planes. ¡Qué picardía! Parece que las marchas eran más rentables de lo que pensábamos. 313 palos verdes… ¿alguien dijo asado?
Facturas truchas, categorías de beneficiarios como en un videojuego… este caso tiene más condimentos que un choripán completo. Y Pérsico mirando para otro lado… ¿casualidad? No lo creo. Se viene el juicio del año, prepárense para el show.
Belliboni a Juicio Oral por Desvío de Fondos de Planes Sociales
El dirigente social Eduardo Belliboni deberá enfrentar un juicio oral acusado de administración fraudulenta, amenazas y extorsión. La decisión del juez federal Sebastián Casanello se fundamenta en el pedido de la fiscalía, que investigó el destino de los fondos del plan Potenciar Trabajo. Belliboni y otros dieciséis imputados son señalados por organizar una estructura que presuntamente obligaba a los beneficiarios a participar en marchas y entregar parte de sus subsidios, bajo amenaza de perderlos.
Una Compleja Matriz Delictiva
La fiscalía describe una «compleja matriz delictiva» que operó durante años, aprovechándose de la vulnerabilidad social para obtener réditos económicos y políticos. Se acusa a Belliboni de ser el organizador de esta estructura, junto a referentes nacionales como Jeremías Cantero, Gianna Puppo y Elizabeth del Carmen Palma. La investigación determinó que el Polo Obrero llegó a tener bajo su órbita a más de 65 mil beneficiarios en todo el país. Entre agosto de 2023 y febrero de 2024, la organización habría recaudado más de 313 millones de pesos.
Facturas Truchas y Connivencia
El entramado incluía la utilización de facturas apócrifas para simular gastos y justificar el desvío de fondos. Se mencionan al menos 188 facturas de empresas fantasma por un monto cercano a los 50 millones de pesos. La fiscalía también imputó a Emilio Pérsico, ex Secretario de Economía Social, por presunta connivencia y omisión de controles en la entrega de los fondos. Un tramo de la causa aún en investigación se centra en operaciones de blanqueo a través de cooperativas y empresas. El juicio promete revelar detalles de un esquema que, según la fiscalía, extorsionaba a los sectores más vulnerables mediante la manipulación de las ayudas sociales y la imposición de participación en actividades políticas.