La Confederación General del Trabajo (CGT) inició este jueves un paro general de 24 horas en rechazo a las políticas económicas del gobierno de Javier Milei. La medida de fuerza se da en un contexto de crisis financiera internacional, escasez de reservas y una inflación en ascenso, agravada por la intención del oficialismo de contener las paritarias con aumentos salariales del 1% mensual. El paro se produce, además, en medio de una serie de reveses políticos para la Casa Rosada que han erosionado la imagen presidencial al inicio de la campaña electoral.
La UTA, el factor clave que desinfla la protesta
A pesar de la convocatoria de la CGT, el paro se ve debilitado por la decisión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de no adherir a la medida de fuerza. La decisión del gremio conducido por Roberto Fernández, tomada luego de fuertes presiones del Ejecutivo y de referentes de la propia CGT, garantiza el funcionamiento del transporte público, restándole impacto al paro. El anuncio de la UTA llegó en medio de una tensa interna sindical y una sorpresiva auditoría a la obra social del gremio dispuesta por el Gobierno. «Comprendemos y apoyamos los reclamos […] pero continuaremos acatando la conciliación obligatoria porque sin derecho no hay Estado», afirmó Fernández en un comunicado.
Marcha multitudinaria y divisiones internas en la CGT
En la víspera del paro, una multitudinaria marcha de jubilados, acompañada por columnas de la CGT, las dos CTA, movimientos sociales y organizaciones de izquierda, se movilizó hasta el Congreso para reclamar por mejoras en los haberes previsionales, la reapertura de la moratoria y la entrega gratuita de medicamentos. El acto se desarrolló sin incidentes bajo un fuerte operativo de seguridad.
Mientras tanto, en la CGT persisten las diferencias entre los sectores más duros, liderados por Héctor Daer y Andrés Rodríguez, y los dialoguistas, como Gerardo Martínez, Luis Barrionuevo y Armando Cavalieri. A pesar de la no adhesión de la UTA, los gremialistas confían en que el paro se sentirá con fuerza debido a la paralización de trenes, subtes, transporte de cargas, la adhesión de docentes y universitarios, y la afectación de servicios como bancos, recolección de residuos y administración pública. Sin embargo, se prevé un acatamiento dispar en comercios, estaciones de servicio y locales gastronómicos.
Desde el Gobierno, se minimizó el impacto del paro y se rechazaron los reclamos de la CGT. El vocero presidencial, Manuel Adorni, calificó de «irrespetuosos» los argumentos de la central obrera, mientras que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, amenazó con impulsar reformas laborales una vez que el oficialismo cuente con el apoyo suficiente en el Congreso.
