Justicia ordena tramitar amparo contra decreto de Milei que restringe el acceso a la información
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó tramitar un amparo contra el Decreto 780/24, impulsado por el presidente Javier Milei, que restringe el acceso a la información pública. La demanda fue presentada por los diputados Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y María Victoria Borrego, de la Coalición Cívica. El tribunal revocó un fallo de primera instancia que negaba la legitimidad de los diputados para cuestionar la constitucionalidad del decreto.
Las juezas Liliana Heiland y Clara Do Pico, con la disidencia del juez Rodolfo Eduardo Facio, ordenaron que se lleve a cabo el juicio para determinar si la normativa «ha sido o no inconstitucional». La decisión de la Cámara habilita el análisis del recurso de amparo y la posible suspensión de la aplicación del Decreto 780/24, mientras se define su constitucionalidad. Los diputados denunciantes argumentan que el decreto «constituye una desviación de poder y un abuso de derecho público», violando principios republicanos y el derecho ciudadano a la información.
El Decreto 780/24 y la controversia sobre la información pública
El decreto en cuestión establece limitaciones al acceso a la información pública, especialmente en lo referente a «datos privados» de funcionarios, «documentos públicos» o información que pueda causar «daños y perjuicios». Esta normativa amplía el alcance de las negativas a brindar información, generando controversia y cuestionamientos por parte de especialistas y dirigentes políticos de la oposición. Un ejemplo de la aplicación de este criterio restrictivo fue la negativa del Gobierno a proporcionar información sobre los gastos de los perros del presidente Milei que residen en la Quinta de Olivos, argumentando que se trataba de «cuestiones vinculadas con el ámbito privado».
El decreto introduce la figura del «abuso del derecho» para perseguir judicialmente a quienes realicen pedidos de información «de mala fe», lo que ha generado preocupación en organizaciones de la sociedad civil. Además, restringe la información de los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores, eliminando un párrafo de la Ley de Acceso a la Información Pública que garantizaba el acceso a información sobre políticas de seguridad, defensa y relaciones exteriores. Diversas entidades, como FOPEA, CIPPEC y otras, han pedido la derogación del decreto, argumentando que «amplía el secreto y aporta discrecionalidad» al dejar en manos de los funcionarios la definición de qué información es pública.
