Caso Belliboni: Citan a indagatoria a dos facilitadores de empresas fantasma.

Redacción Cuyo News
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La ruta del dinero (ajeno)

Después de enviar a juicio oral a Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, por fraude y extorsión en el manejo de fondos destinados a planes sociales, el juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria a dos individuos señalados como los arquitectos de un complejo esquema de sociedades apócrifas. Estos «facilitadores profesionales», según fuentes judiciales, habrían sido piezas clave en la maniobra fraudulenta que permitió simular gastos y desviar millones de pesos que debían llegar a 85.000 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.

El entramado de las empresas fantasma

La investigación suplementaria a cargo del juez Casanello destapó nuevas irregularidades en las rendiciones de gastos presentadas por Belliboni. Se confirmó la utilización de «empresas pantalla» y facturación apócrifa para ocultar el verdadero destino de los fondos públicos. Entre junio de 2020 y marzo de 2024, más de 361 millones de pesos fueron desviados para financiar actividades político-partidarias, según determinó la justicia. Una de las firmas involucradas, Coxtex SA, carecía de sede, operatoria real y estaba conformada por prestanombres, siendo catalogada por la AFIP como «usina de facturas apócrifas».

Más nombres en la mira judicial

Para desentrañar la red de complicidades, Casanello citó a indagatoria a Anahí Rivero y Leandro Gastón Kebleris, quienes estarían vinculados a la creación de varias empresas fantasma utilizadas en la maniobra. Estos individuos, con un prontuario que incluye conexiones con la famosa «Ruta del Dinero K», se repiten en el armado de compañías ficticias que servían como pantalla para el desvío de fondos. La justicia busca determinar su rol en la defraudación y la magnitud de su participación en el esquema delictivo. Se investiga si la defraudación podría ser incluso mayor a la inicialmente estimada, debido a la falta de rendición de una parte de los desembolsos. El caso pone en evidencia la vulnerabilidad de los programas sociales a la corrupción y la necesidad de controles más rigurosos para garantizar que los fondos lleguen a quienes realmente los necesitan.

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