La millonaria jubilación de Adolfo Rodríguez Saá por una semana como presidente.

Redacción Cuyo News
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La semana dorada: Rodríguez Saá y la jubilación millonaria

La polémica por las jubilaciones de privilegio vuelve a encenderse tras conocerse el monto que percibe el ex presidente Adolfo Rodríguez Saá: $14.525.098 por haber ocupado la presidencia durante apenas una semana en 2001. Este número, equivalente a 47 jubilaciones mínimas, surge del informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la Cámara de Diputados. La situación reabre el debate sobre la pertinencia de estas asignaciones vitalicias en un contexto de crisis económica.

Scioli, la austeridad selectiva y el regreso a la jubilación de privilegio

Daniel Scioli, actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, solicitó la reactivación de su jubilación de privilegio ($7.557.475), luego de haber renunciado a ella durante su gestión como embajador en Brasil. Esta decisión contrasta con el discurso de austeridad impulsado por Javier Milei, quien ha expresado su intención de eliminar las jubilaciones de privilegio. La actitud de Scioli genera interrogantes sobre la coherencia entre el discurso político y las prácticas personales.

Jubilaciones de privilegio: un debate estancado en el Congreso

En la actualidad, once personas perciben asignaciones vitalicias, entre jubilaciones y pensiones, por un total que supera los $123 millones. Figuras como Alberto Fernández, Mauricio Macri y María Estela Martínez de Perón encabezan la lista con los haberes más altos. Si bien existen proyectos legislativos para eliminar las jubilaciones de privilegio para presidentes y vicepresidentes, impulsados por figuras como María Eugenia Vidal y Pamela Calletti, estas iniciativas no han logrado avanzar en el Congreso. La falta de consenso político mantiene vigente la Ley 24.018, que establece las jubilaciones de privilegio para presidentes, vicepresidentes, jueces y fiscales, a pesar de los intentos por derogarla. La controversia continúa, mientras los contribuyentes argentinos se preguntan quién paga la cuenta de estos beneficios excepcionales.

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