¿Ensayos de represión o simple entrenamiento? La Armada en el ojo de la tormenta
La internación de Brisa Páez, una joven voluntaria de la Armada Argentina, tras sufrir una grave lesión en un entrenamiento «antidisturbios», desató un fuerte debate político y judicial. Senadores de Unión por la Patria presentaron un pedido de interpelación al ministro de Defensa, Luis Petri, cuestionando la legalidad de estas prácticas.
El senador Oscar Parrilli fue contundente: «Queremos que el ministro Petri se presente en el Senado para saber por qué la Armada hace ensayos de represión callejera contra la población civil, algo completamente ilegal». La oposición sostiene que este tipo de entrenamientos están prohibidos por las leyes de Seguridad Interior y de Inteligencia.
Desde el Ministerio de Defensa rechazan las acusaciones y afirman que el ejercicio se enmarca en la ley de Seguridad Interior, que autoriza a cada fuerza a custodiar sus propias instalaciones. «La Armada viene haciendo hace tiempo estos ejercicios para el propio control de sus espacios militares», aseguraron. Además, alegan que la «doctrina Petri», implementada por la actual administración, actualizó la normativa sobre el rol de las Fuerzas Armadas, diferenciándose de la anterior «doctrina Garré».
Interna militar y dudas sobre el procedimiento
El caso también generó controversia dentro de las propias Fuerzas Armadas. Nueve militares fueron detenidos por orden de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien investiga el incidente. En chats militares, algunos miembros expresan dudas sobre la versión oficial y la justificación de los entrenamientos «antidisturbios». Un militar consultado planteó la necesidad de aclarar los procedimientos y el origen de los fondos para la adquisición de material utilizado en este tipo de ejercicios.
La situación de Brisa Páez, quien afortunadamente se recupera tras haber estado en terapia intensiva, puso en el centro de la escena la discusión sobre los límites de la actuación de las Fuerzas Armadas en el ámbito interno y la necesidad de transparentar los protocolos de entrenamiento. La jueza Arroyo Salgado deberá definir la situación procesal de los acusados, mientras que el ministro Petri podría ser interpelado en el Senado para dar explicaciones sobre el controvertido entrenamiento.
