Córdoba y Nación en busca de un acuerdo por la deuda de la Caja Jubilatoria
La provincia de Córdoba y el gobierno nacional se reunieron en la Corte Suprema de Justicia para intentar llegar a un acuerdo sobre una deuda multimillonaria relacionada con la Caja Jubilatoria provincial. La cifra en disputa asciende a un billón de pesos, producto de transferencias mensuales adeudadas. Tras una hora y cuarenta minutos de debate, ambas partes acordaron presentar propuestas concretas en una nueva audiencia dentro de quince días.
Expectativa en otras provincias
El caso cordobés es observado con atención por al menos otras 13 provincias que mantienen reclamos similares ante la Corte, relacionados con cajas previsionales y otros fondos. La decisión del máximo tribunal podría sentar jurisprudencia y abrir una vía de diálogo para resolver los recortes que el Poder Ejecutivo ha aplicado a las provincias. «Abre una vía de diálogo en el recorte que el Poder Ejecutivo decidió hacia los distritos», indicó una fuente judicial a Clarín.
El reclamo cordobés y las posibles soluciones
Córdoba exige la restitución de las transferencias mensuales que, según sus cálculos, ascienden a 17.000 millones de pesos. Este déficit ha generado un retraso en la actualización de los haberes jubilatorios y obliga a la provincia a cubrir el faltante con rentas generales. Además del pago de la deuda, Córdoba propone alternativas como la transferencia de bienes nacionales ubicados en la provincia, bonos o plazos de pago. «La provincia Córdoba es consciente de que la deuda acumulada, según cálculo propios, es de 1 billón de pesos, y reclamar esa totalidad sin ninguna opción alternativa es complicado para la economía nacional… Hay otras opciones: bonos, plazos, otros recursos”, explicaron fuentes cercanas a Llaryora.
Si bien ambas partes se mostraron dispuestas a negociar, el antecedente del incumplimiento del fallo de la Corte Suprema en el caso de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires genera incertidumbre. La próxima audiencia, programada para el 14 de mayo, será crucial para definir el futuro del reclamo cordobés y, posiblemente, el de otras provincias en situaciones similares.
