Militares con poder de policía: polémica en el Operativo Roca
El ministro de Defensa, Luis Petri, dispuso que los militares que participan del «Operativo Roca» en la frontera norte tengan la facultad de detener civiles en flagrancia. Esta medida, contemplada en las «reglas de empeñamiento» de la resolución 347, ha generado controversia y preocupación tanto en las filas militares como en la oposición. Según fuentes militares que hablaron con Clarín, «podrán proceder a la aprehensión transitoria de personas que se encuentren cometiendo delitos en flagrancia, informando inmediatamente a las Fuerzas de Seguridad, al Juzgado o al Ministerio Público Fiscal».
¿Uniforme verde, funciones policiales?
Petri defendió la medida argumentando que el Código Procesal Penal habilita la aprehensión en flagrancia por parte de cualquier persona. Sin embargo, ex ministros de Defensa como Horacio Jaunarena y Ricardo López Murphy, consideran que estas «reglas de empeñamiento» contradicen la legislación vigente. La preocupación radica en la superposición de roles entre las Fuerzas Armadas y las de Seguridad, y en la posibilidad de que se generen situaciones conflictivas que deriven en juicios, especialmente por accidentes con vehículos militares.
El alcance del Operativo Roca y sus grises legales
El «Operativo Roca» desplegó inicialmente 1.300 efectivos en Salta, pero Petri anunció que la cifra ascenderá a 10.000 para fin de año. Esto representa una parte significativa del personal operativo del Ejército, considerando que cuenta con aproximadamente 6.500 oficiales, 24.000 suboficiales y 18.000 soldados voluntarios en todo el país. La legalidad del operativo también es cuestionada, ya que se basa en una resolución ministerial con un anexo reservado que contiene las «reglas de empeñamiento», sin un decreto del Poder Ejecutivo ni una ley específica que lo respalde. Se suma a esto la diferencia salarial entre las Fuerzas Armadas y las de Seguridad, un 30% menor para los militares, lo que añade complejidad a la colaboración en el terreno. Este operativo se suma a otros dos intentos previos de controlar la frontera norte con militares, «Escudo Norte» durante los gobiernos kirchneristas y otro bajo la gestión de Macri, sin los resultados esperados. La porosidad de las fronteras argentinas sigue siendo un desafío para la seguridad nacional.
