Montenegro, contra las «fisuras» y la CPM: «El espacio público es para el que labura»
El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, ratificó este lunes su postura inflexible frente a las actividades ilegales en el espacio público marplatense. Tras una denuncia de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) por supuesta severidad en los operativos de seguridad, Montenegro defendió su accionar y apuntó contra el organismo provincial. «El espacio público es para el tipo de bien que labura, no para el que comete delitos», sentenció.
La CPM, dependiente del gobierno provincial, presentó un habeas corpus –el tercero contra la gestión de Montenegro– alegando que el municipio lleva adelante «medidas coercitivas con detenciones, confiscación de objetos personales y malos tratos» para desalojar a personas en situación de calle o con trabajos informales.
«Defiendo a los marplatenses, no a los chorros»
Montenegro, acompañado por el secretario de Seguridad, Mariano Goncalvez, y la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, se presentó en el Palacio de Tribunales de Mar del Plata para la conciliación. Tras la audiencia, en una rueda de prensa, el intendente redobló la apuesta: «No puede ser que el delincuente esté tranquilo y el tipo que tiene que ir a laburar esté pensando por dónde camina», afirmó. Además, calificó a la CPM como «una comisión que está financiada por la Provincia» y aseguró defender «a los marplatenses y a los que laburan, no a los chorros».
La «modalidad delictiva» de las tomas y el orden como prioridad
El intendente denunció una «modalidad delictiva» que consiste en la toma del espacio público: «Ahora directamente mandan gente para que pululen por la calle y generen casos. Eso no lo vamos a permitir», señaló. Montenegro remarcó que desde el inicio de su gestión priorizó «el orden del espacio público», enfocándose primero en la Zona Roja, luego en las tomas, y ahora en «los fisuras» y los «trapitos». «Hay una orden y es que el espacio público sea para el tipo de bien que labura», concluyó.
La CPM, por su parte, solicitó una «exhaustiva y rigurosa investigación judicial» sobre el accionar de Montenegro y sus funcionarios, asegurando que «se arrogan facultades propias de las fuerzas de seguridad provinciales» y ejercen «violencia física y psicológica, amenazas y hostigamiento» contra personas vulnerables. El organismo considera que estas acciones «incumplen los principios básicos del accionar de funcionarios estatales».
