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El entonces presidente Donald Trump habría participado activamente en conversaciones internas de su administración respecto a la posible suspensión del habeas corpus. El procedimiento legal permite a las personas impugnar su detención ante los tribunales, garantizando el derecho a ser presentado ante un juez para evaluar la legalidad del arresto.
Fuentes cercanas al asunto, que prefirieron mantener su anonimato, confirmaron a CNN la participación directa de Trump en estos debates. Asimismo, Stephen Miller, uno de sus principales asesores, reconoció públicamente este viernes que la administración estaba “considerando activamente” la medida. Miller agregó que la aplicación de esta suspensión “depende de si los tribunales hacen lo correcto o no”, deslizando una crítica velada al accionar del poder judicial.
Tanto las discusiones privadas dentro del círculo íntimo de Trump como los comentarios de Miller evidencian que la suspensión del habeas corpus fue una opción seriamente considerada en la Casa Blanca durante su mandato. No se trató de una mera especulación o de una idea pasajera.
Si bien Trump no se refirió explícitamente al término “habeas corpus” en público, las fuentes consultadas coinciden en que sus declaraciones sobre posibles “medidas contundentes” para sortear las órdenes judiciales que impedían deportaciones, aludían directamente a esta posibilidad.
“Hay maneras de mitigarlo, y algunas son muy contundentes”, manifestó Trump ante la prensa el pasado 30 de abril. “Hay una vía que han utilizado tres presidentes muy respetados, pero esperamos no tener que recurrir a ella”, agregó, refiriéndose a la facultad de suspender constitucionalmente este derecho en circunstancias excepcionales.
Se desconoce si la administración Trump llegó a elaborar un plan concreto para implementar esta medida, y los analistas legales coinciden en que cualquier intento en ese sentido habría enfrentado, casi con seguridad, múltiples impugnaciones legales de envergadura. La Casa Blanca, consultada al respecto, optó por no emitir comentarios adicionales más allá de las declaraciones de Miller.
Implicancias legales y constitucionales
Elie Honig, analista legal sénior de CNN y exfiscal federal, fue categórico al respecto: “Básicamente, todo lo que Miller dice sobre suspender el habeas corpus, que eliminaría la capacidad de los tribunales para decidir en materia de inmigración, es erróneo”.
La Constitución estadounidense es explícita al establecer que la suspensión del habeas corpus debe limitarse a casos de “rebelión o invasión” que representen amenazas de la más alta gravedad para la seguridad pública. Además, el Congreso nunca ha aprobado ninguna ley que autorice deportaciones masivas sin la debida intervención judicial, como parecía sugerir Miller al plantear esta opción.
La argumentación de la administración Trump para justificar la posible suspensión se basaba en presentar la llegada de inmigrantes indocumentados a la frontera como una verdadera “invasión”. Según esta interpretación, la situación fronteriza permitiría eludir las protecciones del debido proceso legal que se otorgan a los inmigrantes. Un argumento similar se utilizó para defender la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros, que permitiría deportar migrantes rápidamente sin cumplir con los procedimientos establecidos.
Sin embargo, varios jueces, incluyendo uno nominado por el propio Trump, han rechazado esta interpretación. En sus fallos, han argumentado que la administración no logró demostrar que Estados Unidos estuviera siendo «invadido por una potencia extranjera hostil», tal como lo establece la ley del siglo XVIII.
Otras medidas consideradas
Además de la suspensión del habeas corpus, la administración Trump consideró la posibilidad de etiquetar a algunos presuntos miembros de cárteles y pandillas dentro de Estados Unidos como “combatientes enemigos”. Esta medida, informada previamente por CNN, buscaba facilitar su detención y dificultar su capacidad para impugnar su encarcelamiento ante la justicia.
Suspender el recurso de habeas corpus iría significativamente más allá que las medidas antes mencionadas. Permitiría a la administración detener inmigrantes sin brindarles la oportunidad de impugnar legalmente su detención, lo que equivaldría, en esencia, a detener personas sin una justificación que pueda ser revisada judicialmente.
Ilya Somin, profesor de Derecho de la Universidad George Mason, explicó a CNN en enero que “el recurso de habeas corpus se ha suspendido varias veces, pero solo en tiempos de guerra real o invasión real, en sentido estricto”. La Constitución no exige explícitamente la aprobación del Congreso para dicha suspensión, pero la tradición legal y la opinión de juristas, como el fallecido juez conservador Antonin Scalia, sugieren que el poder legislativo debería desempeñar un rol fundamental en una decisión de tal magnitud.
Somin también recordó que algunos estados han intentado argumentar, desde la década de 1990, que la inmigración ilegal constituía una invasión que les permitiría ignorar las leyes federales que restringen la aplicación de las leyes migratorias. “Cada vez que los tribunales han dictado sentencia sobre esto, han fallado en contra de los estados”, afirmó Somin, subrayando la consistencia del poder judicial en rechazar estas interpretaciones amplias del concepto de “invasión”.
La independencia judicial bajo presión
Funcionarios de la administración Trump han manifestado reiteradamente su creencia de que el poder judicial está obstaculizando su capacidad para hacer cumplir las leyes migratorias. El propio Donald Trump ha criticado públicamente a jueces por sus fallos, y Stephen Miller llegó a comparar las decisiones judiciales contrarias a la administración con un “golpe de Estado judicial”, elevando la tensión con este poder del Estado.
Ante esta presión creciente, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, consideró oportuno destacar la importancia de la independencia judicial durante declaraciones públicas el pasado miércoles.
“El poder judicial es una rama del gobierno con igual poder, independiente de las demás, con la autoridad para interpretar la Constitución como ley y, obviamente, anular las leyes del Congreso o las leyes del presidente”, declaró Roberts en un evento en su ciudad natal, Buffalo, Nueva York.
Roberts añadió que la función primordial del poder judicial es “decidir casos, pero, al mismo tiempo, controlar los excesos del Congreso o del ejecutivo”, delineando claramente el rol de contrapeso que ejerce el sistema judicial en la estructura de gobierno estadounidense.
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