La Fundación Apolo presentó una denuncia judicial contra una presunta red del régimen de Nicolás Maduro que, según alegan, opera internacionalmente para perseguir y amenazar a exfuncionarios venezolanos. La denuncia fue motivada por el caso de José Zambrano, hijo de una exfuncionaria, quien habría sido objeto de amenazas con detalles de su vida personal y rutina durante su residencia en Argentina.
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Al parecer, la Fundación Apolo, con un olfato digno de un perro policía, descubrió que Maduro no solo exporta socialismo del siglo XXI, sino también un 'club de amigos de la persecución' que opera más allá de sus fronteras.
Resulta que a este joven, que huyó de Venezuela como alma que lleva el diablo (o más bien, huyendo del chavismo), lo habrían seguido hasta en la sopa mientras vivía en nuestro país. La cosa llegó al punto que hasta el papá que está en otro país recibía información de él.
Ahora, con la denuncia en la Justicia, se abre la incógnita: ¿Maduro tiene un servicio de delivery de amenazas o acaso sus agentes usan Rappi para pasar los mensajes? Lo cierto es que, según Apolo, hay indicios de que acá alguien, quizás con credenciales o simplemente con ganas de hacer favores turbios, pudo haber soplado información sensible.
En fin, mientras la Justicia desentraña este entuello, queda la duda sobre qué tan permeable es nuestro territorio a las 'operaciones internacionales' de regímenes que, seamos sinceros, no son conocidos por su amor a la democracia y el respeto a la vida privada. Un drama digno de una telenovela, pero con menos besos y más espionaje barriobajero.
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A través de una presentación judicial que sacude el tablero político, la Fundación Apolo denunció este lunes la presunta existencia de una organización transnacional que respondería al régimen de Nicolás Maduro y que tendría como objetivo la persecución y amenaza de exempleados públicos venezolanos. Según el escrito elevado a la Justicia, el hijo de una exfuncionaria de ese país habría sido víctima de estas intimidaciones, incluso durante su período de residencia en la República Argentina.
La raíz de esta denuncia se encuentra en el estremecedor relato de José Zambrano, el joven presuntamente amenazado, quien tomó contacto con la Fundación Apolo para exponer su situación. Zambrano abandonó Venezuela en 2017 junto a su esposa y su madre, una exfuncionaria venezolana que decidió exiliarse tras tomar conocimiento de información sensible relacionada con presuntos casos de malversación de fondos en el ministerio de Cultura donde se desempeñaba.
A este núcleo familiar inicial se sumaron posteriormente otros parientes, dando inicio a un periplo por diversos países latinoamericanos. Sin embargo, la distancia geográfica no significó un respiro para la familia, ya que, según detallaron a la entidad denunciante, el brazo extendido del régimen de Maduro siempre les hizo sentir su presencia, inquietante y persistente.
Un rastro de amenazas transnacionales
Desde inquietantes amenazas recibidas a través de redes sociales hasta las arcaicas, pero no menos intimidantes, notas escritas a mano dejadas en sus domicilios, pasando por la inclusión en listas negras con supuestas órdenes de detención, la tranquilidad fue una quimera para los Zambrano. La presión constante derivó en la separación de la familia, dispersándose cada uno en un país distinto en busca de una paz esquiva.
José Zambrano, el joven que motivó la presentación judicial, se radicó en Argentina en 2018 y permaneció en el país hasta mayo de 2024, momento en que se trasladó a Estados Unidos. Durante su permanencia en suelo argentino, relató haber recibido amenazas específicas en las que se mencionaban datos de su vida personal y de su rutina diaria, lo que sugiere un nivel de seguimiento detallado. Complementariamente, su madre, residente en el exterior, también recibía información precisa sobre él a través de plataformas digitales, utilizada a modo de intimidación teledirigida.
El legislador porteño Yamil Santoro, uno de los referentes de la Fundación Apolo e impulsor de la denuncia, fue enfático al calificar la situación: «Estamos frente a un caso gravísimo de persecución política ejecutada fuera de las fronteras venezolanas, por una estructura que opera con métodos de inteligencia, acoso sistemático y amenazas contra exfuncionarios o críticos del chavismo».
¿Complicidad interna o filtraciones?
Desde la fundación denunciante plantearon que existen elementos que sugieren que esta persecución se habría llevado a cabo a través de una estructura que ostentaría acceso a información sensible como datos migratorios y de inteligencia, información que, según destacan, «debería estar protegida por el Estado argentino». Esta circunstancia, sumada a las precisiones en las amenazas, abre el interrogante sobre una posible complicidad de funcionarios o filtraciones dentro de organismos oficiales argentinos.
La denuncia penal presentada abarca diversos delitos, incluyendo asociación ilícita, encubrimiento, amenazas simples y agravadas, buscando desentrañar el entramado detrás de estas operaciones.
Finalmente, desde la Fundación Apolo reafirmaron la relevancia de la denuncia, señalando que «no se trata solo de proteger a un individuo de manera aislada», subrayando la importancia de evitar que el territorio argentino sea utilizado como plataforma de operaciones para un régimen político que ha sido señalado por la persecución y eliminación de sus opositores.
