Mediante el Decreto 341/2025, el Gobierno nacional modificó la Ley de Financiamiento Educativo para excluir a la Secretaría de Educación de la negociación del salario mínimo docente a nivel nacional, aunque mantiene la potestad de avalar o rechazar los acuerdos logrados por las provincias en función de la compatibilidad presupuestaria. La medida ha generado un fuerte rechazo por parte de los gremios docentes nacionales, quienes la califican como un retroceso en los derechos laborales y un atentado contra la paritaria nacional docente.
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¡Atención, comunidad educativa! El Gobierno soltó un decreto como quien lanza una tiza a la pared. El Decreto 341/2025 le metió mano a la Ley de Financiamiento Educativo, esa que tiene más años que Matusalén en jardín de infantes.
¿La joyita? Sacaron a la Secretaría de Educación de la mesa chica donde se discutía el salario docente mínimo. O sea, ahora la calesita de la paritaria nacional se va a mover sin uno de los caballitos... aunque el que lo manejaba todavía tiene el látigo para decir 'sí' o 'no' al final.
Imaginen la escena: provincias y gremios sentados negociando, transpirando la gota gorda por un miserable aumento, y la Secretaría mirando de lejos, con el mate en la mano, esperando ver si el número les cierra según 'recursos previstos'. ¡Una audacia digna de un Chapulín Colorado decretando la ilegalidad de los villanos!
Los gremios, obvio, pusieron el grito en el cielo. CTERA y los otros cuatro jinetes del Apocalipsis gremial salieron con comunicados más calientes que una sopa de letras en julio. Hablan de 'graves retrocesos', 'atentado' y hasta 'violación del espíritu federal y democrático'. ¡Qué drama, mamita!
En fin, ahora las provincias se arreglen, la Secretaría observa y, si les parece que el acuerdo engorda demasiado la billetera docente, ¡chan! Tienen el poder de veto. Es como un árbitro que no participa del partido, pero puede anular un gol si le parece que la pelota fue demasiada redonda. Un circo, señores y señoras. Un circo con maestros y burócratas como protagonistas.
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El Gobierno Nacional modifica ley y se desliga de la paritaria docente nacional, pero mantiene poder para avalar acuerdos
Mediante un decreto firmado este miércoles, el Gobierno nacional modificó el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo, que es el que rige para la negociación por el salario básico de los docentes de todo el país, y que comúnmente se conoce como “la paritaria nacional docente”.
Hasta este miércoles, ese artículo de la Ley de Financiamiento Educativo establecía que el Ministerio de Educación (ahora Secretaría), junto al Consejo Federal de Educación y los sindicatos docentes con representación nacional, “acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a: a) condiciones laborales, b) calendario educativo, c) salario mínimo docente y d) carrera docente”.
El Decreto 341/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, quita a la Secretaría de Educación de esta negociación. No obstante, conservará la capacidad de refrendar el acuerdo “únicamente si este es compatible con los recursos previstos en el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente. En caso de no serlo, podrá solicitar una nueva propuesta”, difundió el Gobierno en un comunicado.
En concreto, la Secretaría de Educación “podrá refrendar el Convenio, o requerir que se realice una nueva propuesta cuando por razones presupuestarias no fuera posible su implementación en el marco del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente”, dice el nuevo decreto.
Controversias históricas y el impacto de la modificación
La llamada paritaria nacional docente siempre estuvo en disputa entre los gremios docentes y los distintos gobiernos provinciales y nacional. Las provincias, que son las que pagan los salarios docentes de la educación básica, muchas veces se quejaron que allí surgían cifras que después ellos no podían afrontar.
Y para los gobiernos nacionales esta paritaria también era un dolor de cabeza, porque sentían la presión de negociar una cifra de salarios que ellos no pagaban.
Con esta medida, el Gobierno nacional se quita la responsabilidad de negociar esos salarios, pero al mismo tiempo se reserva la potestad de dar de baja un aumento que esté por encima de las pautas establecidas a nivel nacional.
La respuesta sindical y la polémica por el «poder de veto»
La medida generó fuertes críticas del sector gremial, especialmente de los cinco gremios docentes que tienen representación nacional.
En un comunicado, CTERA -que es uno de estos gremios nacionales- expresó “su más enérgico repudio a la modificación del Artículo 10° de la Ley Nº 26.075 de Financiamiento Educativo, que elimina la participación del Estado nacional, a través de la Secretaría de Educación de la Nación, de la negociación del salario mínimo docente”.
“Esta decisión representa un gravísimo retroceso en materia de derechos laborales, un atentado contra la Paritaria Nacional Docente y una violación del espíritu federal y democrático de nuestro Sistema Educativo. Desde su sanción, el Artículo 10° garantizó la intervención del Estado nacional como garante de un piso salarial común para todxs lxs Docentes del país, en una mesa de negociación tripartita junto a las provincias y los Sindicatos nacionales. Eliminar esta instancia es desentenderse del derecho a un salario digno, es fragmentar aún más el sistema educativo y consagrar la desigualdad”, escribieron.
Los otros cuatro gremios docentes nacionales son AMET, CEA, Sadop y UDA. En un comunicado, expresaron que “si algo le faltaba hacer al Gobierno en contra de la educación era firmar un decreto que lo excluye de la paritaria nacional docente y, además, le otorga un poder de veto sobre lo que eventualmente se acuerde. Reconoce que deben pagar, pero se niegan a sentarse a negociar buscando volver abstracta las negociaciones”.
“El Gobierno cae en una abierta contradicción y arbitrariedad con poco ingenio jurídico. La Ley de Financiamiento Educativo establece que el Estado nacional, junto a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, es responsable de la planificación, organización, supervisión y financiación del sistema educativo. La normativa obliga al Gobierno a acordar con los gremios docentes un convenio marco para establecer condiciones laborales, calendario escolar, salario mínimo y carrera docente”, agregaron.
“Ponemos énfasis que este Decreto viene a voltear leyes del Congreso, nacidas con amplio consenso, y pone a los actuales legisladores en una situación de mero espectadores del desguace”, finalizaron.
