Después de que el gobierno de Javier Milei anunciara la disolución del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, el Partido Justicialista, bajo la presidencia de Cristina Kirchner, elevó una propuesta para hacerse cargo del organismo y la totalidad de sus bienes. Asimismo, calificaron la medida oficial como una que «enmascara una persecución ideológica» orientada hacia el peronismo.
La determinación gubernamental había sido comunicada por el vocero Manuel Adorni el pasado 7 de mayo, coincidiendo precisamente con la conmemoración del natalicio de Eva Perón. Esta simultaneidad provocó una reacción inicial de protesta por parte de diversas figuras del peronismo.
En aquella oportunidad, el portavoz de Javier Milei justificó la disposición argumentando que «la investigación sobre el expresidente» se realiza en otros ámbitos, «libres de condicionamientos estatales». Añadió que la finalización de su existencia significaría la liberación del Estado de una «carga presupuestaria evitable que no aportaba ningún valor diferencial».
Dos semanas después de dicha comunicación oficial, quien ratificó el cierre del Instituto Juan Domingo Perón –entidad dedicada a la investigación histórica– fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El funcionario incluyó al instituto dentro de la categoría de “organismos dedicados a exaltar figuras históricas» que fueron disueltos en virtud de los decretos 345 y 346 de 2025, detallando la medida en una serie de mensajes difundidos en su cuenta de X el pasado jueves por la mañana.
Ambas normativas llevan las firmas del Presidente de la Nación, del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Horas posteriores a las publicaciones de Sturzenegger, el PJ emitió un comunicado para expresar su repudio a la medida de cierre. En dicha declaración, aseguraron que la entidad “custodia un acervo documental, bibliográfico, archivístico y museográfico de invaluable valor histórico”.
### La postura del partido justicialista
«El cierre de estos organismos, llevados a cabo de manera discrecional y abrupta, enmascara una persecución ideológica hacia cualquier institución, persona o entidad vinculada con el justicialismo y el movimiento peronista», manifestaron en la misma red social.
En la publicación, adjuntaron la carta remitida a Francos para expresar su desacuerdo con la disposición y solicitar «preservar este legado cultural y evitar su dispersión o pérdida». Asimismo, demandaron que se «arbitren los medios necesarios para transferir todos los bienes, objetos, documentos que componen el acervo completo del Instituto» a su custodia.
En el texto dirigido al jefe de ministros, firmado por la Secretaria General del PJ, Teresa García, explicaron que la concreción de su iniciativa se sustenta en «la suscripción de un convenio con el Estado Nacional, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y el ministerio de Capital Humano, para asumir la gestión del Instituto y su acervo».
«Esto significa que el Consejo Nacional, como máximo órgano partidario, asume todos los costos operativos y de conservación, sin aporte financiero del Estado, garantizando la misma calidad de gestión; y se compromete a custodiar, conservar y garantizar el acceso del público con el fin de cuidar el acervo historiográfico del Instituto y lo que representa para la Nación Argentina», concluyeron en su pedido al Gobierno nacional.
