Los pasillos de la Casa Rosada y del Palacio de Talcahuano se agitan con un mismo interrogante: cómo cubrir las vacantes clave en el sistema judicial. La aspiración del Gobierno nacional de completar la composición de la Corte Suprema de Justicia y designar al titular de la Procuración General de la Nación se enfrenta a un escollo insoslayable: la correlación de fuerzas en el Senado, donde la mayoría especial necesaria para estos nombramientos está bajo el control del kirchnerismo.
Traspié en el Senado y nueva búsqueda
El reciente rechazo senatorial a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, propuestos por el Presidente Javier Milei para integrar el máximo tribunal, ha forzado al Ejecutivo a replantear su estrategia. Desde el 7 de abril, la Corte Suprema opera con solo tres miembros: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Esta situación, a la que fuentes oficiales describen como disfuncional, ha impulsado un análisis interno para identificar nuevos perfiles que cuenten con las credenciales técnicas y, fundamentalmente, con el potencial de conseguir el necesario aval político.
Según pudo saber Clarín, una mesa chica liderada por Santiago Caputo es la encargada de evaluar las candidaturas. Si bien no trascendieron nombres específicos, fuentes gubernamentales confirmaron que se barajan alternativas: “Uno de los posibles candidatos integra el Poder Judicial y el otro nombre es el de una mujer”, admitió un vocero oficial. La urgencia por completar la Corte es clara para el Gobierno, aunque desde el ámbito judicial se relativiza el impacto inmediato, señalando que “durante un año la política no pudo resolver esa discusión y a través de una acordada se estableció cómo funcionará la Corte con tres miembros, no deja de trabajar, no está en peligro su trabajo. Lo ideal es que tenga los cinco miembros como está pensada, pero si la política no se pone de acuerdo, se sigue trabajando”. Prueba de ello son los 1.462 casos resueltos desde que el tribunal volvió a su integración actual.
La «llave» del kirchnerismo
Sin embargo, cualquier aspirante que surja de esta nueva búsqueda deberá atravesar un filtro crucial: la aprobación del Senado. Y allí, la frase que resuena es contundente: “la señora tiene 33”. La referencia directa a Cristina Kirchner y su capacidad de influir en 33 de las 48 bancas necesarias para la mayoría especial, subraya el poder de veto del kirchnerismo sobre cualquier pliego. El oficialismo es plenamente consciente de que, sin un acuerdo o una negociación con este sector, las posibilidades de éxito son prácticamente nulas.
Este escenario se reproduce en la búsqueda para cubrir la vacante del Procurador General de la Nación, cargo interinamente ocupado por Eduardo Casal desde 2017, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó. Si bien fuentes del Ministerio de Justicia señalan que, a diferencia de la Corte, “por ahora está ocupado”, su designación definitiva es una prioridad para el Gobierno, dada la relevancia del puesto en el diseño de la política criminal. Al igual que con los miembros de la Corte, las opciones sondeadas hasta ahora, como el camarista Mariano Borinsky y el jefe de los fiscales porteños, Juan Bautista Mahiques, enfrentan la misma barrera: “No pasan el Senado, el kirchnerismo no avalará esos nombres para un cargo tan relevante”, explicaron fuentes oficiales, evidenciando que la «llave» de la aprobación judicial sigue estando en manos de la principal fuerza de oposición en la Cámara alta.
