“¿Cómo es que pretende que avancemos en la causa si formula incansablemente planteos dilatorios?”, replicó el gobierno de Javier Milei en un escrito contra Cristina Kirchner, en el marco de la demanda civil por daños y perjuicios vinculada al caso Vialidad. El Estado Nacional exige que todos los acusados en el expediente paguen en concepto de resarcimiento, una suma de 22.300 millones de pesos. La ex vicepresidente volvió a pedir que el proceso que tramita en la justicia Civil y Comercial caduque. La respuesta del organismo público fue en duros términos.
A la espera de que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre la condena por hechos de corrupción que se le atribuyó en el caso Vialidad, Cristina Kirchner volvió a pedir en el fuero Civil y Comercial que se dé por finalizada la demanda que se inició durante la gestión de Mauricio Macri y que continúa la administración libertaria. El reclamo es por las obras adjudicadas a Lázaro Báez y que, pese a haberlas cobrado, no se concluyeron, lo que habría ocasionado el daño y los perjuicios demandados.
La defensa de la ex vicepresidenta, a cargo de Luis Goldin, se presentó en el juzgado Civil de Marcelo Bruno Dos Santos para pedir la caducidad del proceso.
Es la segunda vez que Cristina Kirchner apela al argumento de la falta de interés por parte de la Dirección Nacional de Vialidad para impulsar el reclamo que conlleva un resarcimiento multimillonario para el Estado.
Para argumentar el planteo, Goldin señaló que el expediente no tiene avances desde el 19 de octubre de 2023. Para la ex mandataria fue el último acto en la causa que permite la suspensión de los plazos procesales. Sin embargo, tras la confirmación por parte de la Cámara Federal de Casación de la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, Vialidad Nacional incorporó al expediente esa resolución.
Ahora, y en muy duros términos, el gobierno le respondió acusándola de buscar trabar el procesos civil de forma constante.
Para empezar, aseguró “que no ha existido una inactividad procesal de seis meses que habilite para la declaración de caducidad de la instancia”, ya que se sumaron «los hechos, pruebas y sentencias obrantes en el fuero penal”.
Vialidad Nacional recordó que la condena contra Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, con un daño ocasionado que asciende a 85.000 millones de pesos, se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia.
El rechazo al recurso extraordinario que derivó en la queja que tiene en sus manos el máximo tribunal, fue incorporado a la demanda civil contra la exvicepresidenta.
Luego, dijo el organismo estatal que pese a que se estaba en condiciones de avanzar, Cristina planteó una caducidad del caso que le fue rechazada, «cuyo trámite se prolongó en el tiempo» porque su abogado cuestionó al representante de Vialidad, pese que se trata del Gerente de Asuntos Jurídicos.
Esto también fue rechazado por el juez del caso, pero la expresidenta “insistió con su cuestionamiento y apeló la decisión», ante la Cámara Civil. Sin embargo, en ese momento la expresidenta desistió de continuarlo.
Finalmente, “nos encontramos frente a otro planteo de caducidad que obstaculiza de nuevo el curso del proceso judicial”. En este punto, el Gobierno se preguntó «¿Cómo es que pretende que avancemos en la causa si formula incansablemente planteos dilatorios?”
El doctor Goldin concluye lógicamente que, «si tanta ausencia de responsabilidad alega Cristina, se supone que querría conocer de una vez por todas la verdad real del caso tanto civil como penal y no entorpecerlo una y otra vez mediante esos cuestionamientos’.
Finalmente, Vialidad señaló que a lo largo de la tramitación de este expediente, sólo el gobierno procuró el avance de la causa. Hay que recordar que durante la gestión de Alberto Fernández no se instruyó a los abogados del Estado para que tramiten el reclamo contra quien ejercía la vicepresidencia en ese momento. El Procurador del Tesoro, jefe de los abogados estatales, era Carlos Zannini.
El origen del reclamo económico
Cuando inició el juicio contra Cristina y Lázaro Báez en la justicia penal, la cifra global por las 51 licitaciones adjudicadas ascendía a 46.000 millones de pesos. Pero cuando el TOF 2 los condenó, dijo que la defraudación fue de 85.000 millones de pesos. “Ese monto es el resultado de la suma total de las actualizaciones practicadas con relación a cada uno de los valores nominales al momento en que se verificó la diferencia de costo, ajustada mediante el índice de precios al consumidor, pues se procuró preservar el valor real del monto obtenido”, fundamentaron los jueces.
Se señaló al respecto que se determinaron dos ámbitos claramente mensurables en relación al perjuicio económico ocasionado. “El primero consiste en la diferencia entre los montos fijados por el Estado al confeccionar el pliego para la realización de una obra y el precio finalmente contratado”. Esto, comprendieron los magistrados, “producto de la concurrencia cartelizada al proceso licitatorio”.
El segundo concepto en base al cual se determinó el perjuicio económico a la administración pública “está dado por la existencia de sobreprecios en, al menos, tres de las cinco obras viales peritadas”. La pericia oficial habló de 170 a 220 millones de dólares sólo en ese universo de rutas analizadas, como un modus operandi.
Con estos criterios y cifras actualizadas, la demanda civil cuenta con más fundamentos. El gobierno de Javier Milei está determinado a avanzar con este proceso: “es un reclamo del Estado que se continuará”, indicaron fuentes oficiales a Clarín.
En caso de que la Corte confirme la condena en Vialidad, el gobierno libertario no dudará en reclamar una actualización del monto de la demanda, que hasta ahora es de 22.300 millones de pesos.
