La administración Trump, en colaboración con figuras como Elon Musk, está acelerando la implementación de un sistema de tecnovigilancia masiva en Estados Unidos. Este sistema utiliza herramientas como escaneo de redes sociales, análisis de datos biométricos y geolocalización para fiscalizar a inmigrantes, extranjeros y estudiantes, generando controversia y preocupación por la erosión de la privacidad y los derechos civiles. La expansión de esta maquinaria de vigilancia plantea interrogantes sobre su potencial uso contra cualquier ciudadano y sus implicaciones para la democracia.
¿Gran Hermano yanqui? Trump y Musk aceleran la tecnovigilancia en EE.UU.
Desde el escaneo masivo de redes sociales hasta el análisis de datos biométricos y la geolocalización, el gobierno de Donald Trump está utilizando herramientas de inteligencia artificial (IA) para fiscalizar a miles de personas, mayormente inmigrantes, extranjeros y estudiantes. ¿Es este el futuro de la seguridad nacional o una escalada preocupante en la erosión de la privacidad?
En los últimos cuatro meses, Trump y su ex consejero estrella, Elon Musk, han impulsado la construcción de un estado de tecnovigilancia masiva con la ayuda del sector privado. Washington, por primera vez, parece "sacar pecho" de esta situación, en lugar de negarla. Pero, ¿hasta dónde estamos dispuestos a ceder nuestra privacidad en nombre de la seguridad?
“La vigilancia en EE. UU. no empezó con Trump, ni concluirá cuando este deje la Casa Blanca. Los cimientos del actual estado de la tecnovigilancia se establecieron durante décadas, con apoyo bipartidista a políticas que normalizaron prácticas invasivas en la aplicación de la ley, en el ámbito militar y en el control fronterizo”, explica Esra’a Al Shafei, activista por los derechos civiles. ¿Es esto una simple continuación de políticas pasadas o un salto cualitativo hacia un control más exhaustivo?
Empresas como Palantir, Anduril o GEO Group están aportando a Washington herramientas digitales para construir esta infraestructura de vigilancia. Pero, ¿cuál es el límite de la participación del sector privado en la seguridad del Estado? ¿Estamos creando un sistema que puede volverse en contra de sus propios ciudadanos?
¿Qué datos están recolectando y cómo los están utilizando?
El Departamento de Seguridad Nacional ya confirmó el uso de una herramienta llamada Babel X para "recopilar información de redes sociales sobre los viajeros que puedan estar sujetos a más vigilancia". El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) también ha reconocido el uso de SocialNet, un programa que agrega datos de más de 200 fuentes, incluyendo Facebook, Twitter/X, Instagram, LinkedIn y aplicaciones de citas.
Washington reconoce que basta con encontrar en los feeds “actividad antisemita”, como manifestarse en contra de la masacre de Gaza, para que las autoridades puedan denegar el derecho de asilo o ciudadanía. ¿Es esto una medida de seguridad legítima o una forma de censura y represión política?
Además, se anima a los funcionarios estadounidenses a "denunciar a sus colegas en caso de que aprecien que en ellos algún tipo de “sesgo anticristiano”", según una Orden Ejecutiva firmada por Trump en febrero. ¿No les suena esto a caza de brujas moderna?
“Usar la vigilancia en redes sociales para intimidar, acosar, alienar, deportar, encarcelar o arrestar es antitético a muchos de los principios en los que se basa la democracia”, advirtió Paromita Shah, directora ejecutiva de la ONG Just Futures Law. ¿Estamos sacrificando nuestros valores democráticos en el altar de la seguridad?
El rol de Musk y el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE)
Una parte importante de la información se está comprando a grandes corredores de datos, o data brokers, como Thomson Reuters o Lexis Nexis, que elaboran perfiles exhaustivos de millones de personas con hasta 10.000 tipos de datos sobre cada individuo. ¿Quién está controlando este mercado de datos personales y cómo se está utilizando esa información?
La otra parte de este gran repositorio de datos se está destilando dentro del propio gobierno federal, a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por el propio Musk. Este departamento lleva meses amasando datos oficiales sensibles de centenares de millones de ciudadanos procedentes de otras agencias federales, desde situación fiscal hasta historiales médicos. ¿Es apropiado que un magnate tecnológico tenga acceso a esta cantidad de información sensible?
Algunos observadores alertan sobre la posibilidad de que Musk se lleve consigo estos datos ahora que ha decidido alejarse de la Casa Blanca. ¿Qué garantías tenemos de que esta información no será utilizada de forma indebida en el futuro?
¿Quiénes son las víctimas de este sistema?
Un informe elaborado por varias ONG para la ONU habla de “evaporación de los derechos humanos” en las fronteras terrestres estadounidenses. “Una relación más estrecha entre el gobierno y las empresas de vigilancia, junto con una intensificación de la vigilancia en EE. UU., representa una amenaza real para los derechos y libertades fundamentales”, sostiene Michael De Dora, investigador de Access Now. ¿Estamos permitiendo que el miedo nos haga renunciar a nuestros derechos?
“La Administración de Trump valora la seguridad nacional por encima, o incluso a expensas, de los derechos humanos y la privacidad. Los miembros de su administración no solo están vigilando a las personas, sino que han llegado a discutir la suspensión de principios democráticos fundamentales, como el habeas corpus”, añade De Dora. ¿Es este el camino que queremos seguir como sociedad?
Es hora de preguntarnos si el precio de esta supuesta seguridad es demasiado alto. ¿Estamos dispuestos a vivir en un mundo donde cada uno de nuestros movimientos está siendo vigilado y analizado? El debate está abierto.
