El kirchnerismo, en una jugada que generó no poca sorpresa en los pasillos del Congreso, acordó con el bloque de Miguel Ángel Pichetto, Encuentro Federal, ceder a Martín Menem la coordinación de la comisión investigadora sobre el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. Esta decisión, que tuvo lugar en la madrugada del jueves durante la sesión en la que se aprobó el aumento a los jubilados, se concretó pese a la manifiesta resistencia del resto de los espacios opositores e, incluso, de algunos sectores dentro de la propia Unión por la Patria.
La negociación, precedida por una intensa puja entre oficialismo y oposición por la conducción de la comisión, derivó en la resolución de que el secretario parlamentario, Adrián Pagán, coordinará las dos próximas reuniones. La primera, crucial instancia para definir la agenda de invitaciones y convocatorias, está pautada para el martes a las 16 horas. La segunda, de carácter meramente informativa, se realizará el 25 de junio, sin posibilidad de emitir ninguna resolución.
La comisión: Una investigación empantanada
La propuesta de designar a Pagán como salida al estancamiento fue motorizada por el diputado cordobés Oscar Agost Carreño. La intención, según trascendió, era evitar que la investigación "muera antes de comenzar". La moción, aprobada a mano alzada, establece que cada bloque podrá presentar hasta tres propuestas de invitados.
Es innegable que la comisión ha estado atascada desde su reunión constitutiva el 30 de abril, cuando el oficialismo postuló a Gabriel Bornoroni y Unión por la Patria a Sabrina Selva. La votación, con 14 votos por lado, generó un empate técnico que hasta ahora había impedido avanzar.
La oposición intentó llevar la discusión por las autoridades al recinto, pero Menem, haciendo uso del reglamento que establece que las comisiones eligen sus autoridades por mayoría simple, logró bloquear la iniciativa. Fue frente a este escenario que el kirchnerismo, sumado a Agost Carreño, selló el acuerdo con el diputado riojano para designar a Pagán.
No obstante, la movida no encontró eco en todo el peronismo. Una fuente de Unión por la Patria expresó a este diario que lo correcto hubiera sido destrabar la designación de autoridades y definir un reglamento. "Se tendría que haber modificado la resolución y que diga que la comisión tiene que estar presidida por alguien que votó a favor de su creación o alguien que no sea del oficialismo", señalaron, marcando la disidencia.
Críticas y advertencias
Las críticas no tardaron en llegar. Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica manifestó el jueves por la madrugada que su bloque no acompañaba la decisión. "Si no resolvemos el fondo de la cuestión con respecto a que la cámara no renuncie al poder contralor y de investigación vamos a estar en la misma", argumentó el diputado, poniendo en tela de juicio la efectividad de la medida.
La objeción no provino únicamente de los "lilitos". Diputados de izquierda y los radicales alineados con Facundo Manes y Martín Lousteau también alzaron la voz. Pablo Juliano, jefe del bloque de "Democracia para siempre", comparó la designación del secretario parlamentario con "poner al zorro a cuidar las gallinas", una metáfora que ilustra la desconfianza respecto a la independencia de la coordinación.
Un futuro incierto para la investigación
Con la comisión empatada en la distribución de fuerzas, la posibilidad de avanzar en la designación de autoridades en la reunión del martes parece casi nula. Menem, consciente de este escenario, habría aceptado el acuerdo sabiendo que la elección de un presidente y un vicepresidente con poder de decisión es improbable.
¿Cuál es el impacto de esta falta de autoridades formales? En principio, los testimonios que se puedan recabar en la reunión del 25 de junio no tendrán carácter vinculante. Esto limita significativamente el margen de acción de la oposición, que podrá convocar testigos y especialistas pero no tendrá la facultad, al menos sin una modificación de la resolución de creación de la comisión, de firmar un informe concluyente que pudiera derivar en un posible pedido de juicio político.
Algunos diputados sugieren una salida similar a la implementada en 2009 con la bicameral de Trámite Legislativo, donde ante la paridad entre el Frente para la Victoria y la oposición, se optó por una doble conducción con Diana Conti y el radical Luis Naidenoff. Designar un representante de cada lado en lugar de Pagán podría ser una alternativa para intentar destrabar, aunque sea parcialmente, el funcionamiento de la comisión.
Hasta el momento, el Congreso ha mostrado una notoria dificultad para avanzar en el esclarecimiento de la participación del Presidente en un presunto hecho de estafa. Si bien en un inicio se barajó la posibilidad de interpelar a Guillermo Francos, Luis Caputo, Mariano Cuneo Libarona, Roberto Silva e incluso Karina Milei y Manuel Adorni, la mayoría ha logrado esquivar la citación.
Francos fue el único en comparecer en Diputados, deslindando la responsabilidad del Presidente en el hecho. Con la Oficina Anticorrupción desligando al mandatario del caso, la posibilidad de que otros miembros del gabinete pasen por el ámbito de la comisión parece aún más remota, dejando en un limbo la investigación sobre las pérdidas millonarias generadas por el escándalo cripto.
