La Justicia bonaerense ha puesto la mira sobre un legislador provincial. Un fiscal penal solicitó formalmente el desafuero del diputado Ricardo Lissalde, representante de Unión por la Patria y con vínculos con el Frente Renovador, en el marco de una investigación por “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género”. La imputación refiere a un presunto episodio de agresión física contra su expareja.
Según la presentación judicial a la que tuvo acceso Clarín, los hechos denunciados por V.F., cuya identidad se mantiene en reserva, habrían ocurrido el pasado 8 de febrero en la localidad de Saladillo. La agresión se habría desatado en el contexto de una discusión entre ambos dentro de una camioneta, resultando en lesiones en el rostro de la denunciante.
La instrucción de la causa estuvo a cargo del fiscal Roberto Javier Berlingieri, de la UFI 1 de Cañuelas, una dependencia descentralizada del departamento Judicial de La Plata. El requerimiento de desafuero fue elevado a la Cámara de Diputados bonaerense, paso necesario para poder avanzar con la investigación que involucra a un legislador.
### El trámite legislativo y la defensa del diputado
Tal como lo establece el Código de Procedimiento, la jueza de Garantías de Saladillo, Patricia Altamiranda, quien recibió el pedido fiscal, debe remitir las actuaciones a la Cámara baja provincial. Corresponde a la magistrada realizar un control de legalidad del requerimiento, verificando que cumpla con los requisitos formales, que los hechos imputados constituyan un delito y que la acción penal no se encuentre prescripta.
Consultado por Clarín, el diputado Lissalde manifestó su decisión de “ejercer su derecho de defensa en el debido proceso”. En declaraciones posteriores, el legislador, quien ocupó cargos en Trenes Argentinos Infraestructura y presidió Aubasa durante la gestión de Alberto Fernández, afirmó: “Por supuesto no me voy a amparar en ningún fuero, porque soy inocente, no los necesito. De ser necesario, voy a renunciar a mis fueros para estar, tal como lo estoy, a total derecho”. Lissalde también rechazó enfáticamente las imputaciones, calificándolas como un “intento de extorsión” por parte de su expareja, y sostuvo no estar notificado de esta instancia del proceso judicial, lo cual en Tribunales se explicó que no es una obligación en los pedidos de desafuero.
### Las pruebas reunidas por la fiscalía
El fiscal Berlingieri sostiene contar con “semiplena prueba” para fundar la imputación. En el expediente constan el testimonio de la víctima, informes médicos que documentan las lesiones, registros fotográficos de las secuelas y otros elementos probatorios. De particular relevancia es el testimonio de la hija de V.F., quien habría declarado sobre antecedentes de situaciones violentas en la relación entre su madre y el diputado.
En el requerimiento fiscal se deja constancia de las declaraciones de V.F., quien “refirió haber sufrido situaciones de violencia física y verbal por el sujeto activo en varias oportunidades a lo largo de los años -estando en pareja y separados- pero solo lo denunció en una oportunidad temiendo el impacto que ello pudiese ocasionar le a la hija de ambos”.
Adicionalmente, el fiscal solicitó que se remitan todas las actuaciones judiciales al Consejo de la Magistratura, dado que Lissalde es vocal en dicho cuerpo, encargado de la selección y examen de jueces y fiscales de la provincia.
Si bien el delito de “lesiones leves” suele ser de acción privada, requiriendo la instancia de la víctima, el fiscal Berlingieri argumenta la existencia de “interés público” para avanzar con el proceso. Fundamenta esta postura en los tratados internacionales y las políticas de Estado orientadas a la erradicación de la violencia de género. El fuero platense registra antecedentes de causas de presunta violencia de género que derivaron en detenciones. El pedido de desafuero busca habilitar la indagatoria al legislador y, eventualmente, solicitar “medidas de coerción”, ya que los parlamentarios gozan de inmunidad que los exime de ciertas medidas. La situación procesal de Lissalde abre ahora un capítulo en la Cámara de Diputados bonaerense que deberá definir sobre su inmunidad parlamentaria ante el avance de la causa judicial.
