El presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 425/2025, que modifica de manera integral el Presupuesto Nacional prorrogado de 2023, ante la falta de aprobación parlamentaria de un nuevo esquema presupuestario. La medida se justifica en el marco de la emergencia pública declarada por el Ejecutivo y habilita la reasignación de partidas, ampliación de fondos y contrataciones plurianuales sin necesidad de tratamiento legislativo previo.
Refuerzos clave: universidades, subsidios, salud y seguridad
Entre las principales asignaciones que establece el DNU figuran aumentos presupuestarios para universidades nacionales, en respuesta a las tensiones salariales con el Consejo Interuniversitario Nacional. También se incrementan los fondos para jubilaciones y retiros de fuerzas de seguridad y militares, en paralelo al refuerzo operativo de la Policía Federal para combatir el crimen organizado.
El decreto contempla mayores transferencias para subsidios energéticos, incluyendo el programa “Zona Fría”, así como ampliaciones presupuestarias para hospitales de alta complejidad como el Garrahan, El Cruce y El Calafate.
En materia de protección social, se refuerzan programas de ANSES vinculados a pensiones no contributivas, Asignaciones Familiares y movilidad jubilatoria.
Control de caja centralizado y fondos a deuda
Uno de los aspectos más controversiales del decreto es la obligación de que los organismos estatales, salvo el Congreso, el Poder Judicial y los bancos públicos, inviertan su excedente financiero en títulos del Tesoro Nacional. A su vez, deberán reportar mensualmente su situación de caja al Ministerio de Economía. En caso de incumplimiento, Hacienda queda facultada para suspenderles la ejecución presupuestaria.
Además, se readecuan partidas destinadas al pago de la deuda pública y se habilita la contratación de obras y servicios con impacto financiero en años futuros, evitando la intervención parlamentaria habitual.
Pensiones graciables y Congreso en suspenso
El DNU prorroga por diez años las pensiones otorgadas por leyes especiales como la Ley 13.337, aunque fija nuevas condiciones de acceso: los beneficiarios no podrán poseer inmuebles valuados en más de $7 millones, no podrán estar vinculados a legisladores, ni percibir más de una jubilación mínima acumulada.
El decreto será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que podrá validarlo, rechazarlo o dejarlo sin tratar. Este último escenario permitiría que continúe vigente de facto. Mientras tanto, el Ejecutivo avanza en la ejecución presupuestaria con facultades ampliadas, en un contexto de oposición fragmentada y sin mayoría parlamentaria.
