El gran acuerdo detrás de los nombramientos judiciales en Buenos Aires
En un escenario político donde los consensos suelen ser una quimera, el Senado bonaerense ha logrado un acontecimiento inusual: la aprobación unánime de 93 designaciones de jueces, fiscales y defensores propuestos por el gobernador Axel Kicillof. Este acuerdo, alcanzado en una sesión marcada por otras discusiones de alto voltaje, como la controvertida reelección indefinida de legisladores, representa un avance significativo para paliar el crónico déficit de cargos en el Poder Judicial provincial.
La celeridad de este proceso, que se suma a un paquete anterior de 131 magistrados aprobados en mayo, responde a una necesidad imperiosa. La Provincia de Buenos Aires, con más de 2.600 cargos judiciales distribuidos en 18 departamentos, arrastraba hasta mediados de 2024 un alarmante 25% de vacantes, lo que se traducía en 644 puestos sin cubrir. Esta carencia, acumulada por años debido a traslados, fallecimientos y jubilaciones, generaba demoras insostenibles en los procesos y una sobrecarga para los tribunales y fiscalías ya existentes. Tras esta ola de nombramientos, aún quedarán 230 sillones vacíos, un indicio de la magnitud del desafío.
El engranaje político: acuerdos bajo la mesa
La maquinaria de acuerdos, que permaneció casi paralizada entre 2019 y 2024 con apenas 68 puestos cubiertos, experimentó una notable aceleración a partir del año pasado. Desde el parlamento bonaerense, se atribuye este empuje a la llegada de Juan Martín Mena, de La Cámpora, al timón del Ministerio de Justicia, quien habría «aceitado» los mecanismos internos.
Sin embargo, detrás de la aparente fluidez, se teje una trama de negociaciones políticas. La aprobación de estos 224 pliegos en dos sesiones consecutivas coincidió con el avance de la polémica reforma política que habilita las reelecciones indefinidas, una iniciativa que ahora deberá sortear el más complejo filtro de la Cámara de Diputados. El peronismo, astutamente, supo capitalizar el interés de la oposición en las designaciones judiciales para garantizar el quórum y habilitar el debate. Así, la sesión crucial contó con la presencia de 27 bancas ocupadas: 20 del oficialismo, 3 de los llamados «libertarios blue», 2 de la UCR-Cambio Federal y 2 del PRO.
«Hombres y mujeres del sistema»: una cofradía de intereses
Los 93 funcionarios judiciales que recibieron el aval unánime son, en su mayoría, «hombres y mujeres del sistema». Esto significa que son profesionales con años de trayectoria en los pasillos de Tribunales, quienes han forjado sólidos vínculos políticos en sus respectivas jurisdicciones. Esta característica explica la holgada mayoría obtenida en el Senado, ya que todos los bloques con representación parlamentaria lograron incluir candidatos propios en las listas.
El Partido Justicialista, La Cámpora y los intendentes del Conurbano impulsaron nombramientos en distritos clave como Lomas de Zamora, La Plata, Morón, Mercedes y Merlo. Por su parte, la bancada macrista, presidida por Cristian Gribaudo, obtuvo designaciones para cubrir vacantes en San Nicolás, Pergamino, Mar del Plata y Junín, territorios estratégicos bajo la órbita de intendentes del PRO. El radicalismo no se quedó atrás: una de sus legisladoras, María Lorena Mandagarán, cuya presencia fue crucial para el quórum, vio cómo se incorporaban magistrados para el departamento de Azul.
Según pudo confirmar este diario, la concordancia para avanzar con este esquema de avales se gestó en encuentros preliminares que tuvieron lugar hace más de un mes. Estas conversaciones se desarrollaron incluso antes de que el kirchnerismo presentara su proyecto de re-reelecciones, lo que intensificó la tensión interna en el peronismo, y previo a la decisión de la Corte Suprema de confirmar la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, un fallo que reconfiguró el tablero político provincial. Ahora, resta el recorrido administrativo de estos pliegos para que lleguen a la firma del gobernador Kicillof, quien los pondrá en funciones a través de los decretos correspondientes.
