Los gobernadores han elevado la apuesta en su pulseada con el Gobierno nacional, amenazando con introducir la próxima semana un proyecto de ley en el Senado. Esta iniciativa, que busca modificar el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles líquidos, podría torcer el brazo al plan económico ideado por el ministro Luis «Toto» Caputo, quien, ante la ineludible presión, estaría contemplando una intervención directa en la negociación para aplacar las crecientes fricciones políticas.
Es un secreto a voces que, de concretarse la movida provincial para asegurar mayores recursos, el Congreso garantizaría los votos necesarios, incluso para sortear un eventual veto presidencial de Javier Milei. Esta proyección ha encendido las alarmas no solo en el seno del oficialismo, sino también entre sus aliados más cercanos, quienes se encuentran en gestiones permanentes para redefinir las alianzas de cara a las elecciones legislativas de octubre.
La cumbre virtual que encendió la mecha
La tensión entre las administraciones provinciales y la Casa Rosada se agudizó tras la reunión virtual celebrada este viernes. Lo llamativo de la sesión en línea fue la nómina de gobernadores presentes: Rogelio Frigerio de Entre Ríos, Maximiliano Pullaro de Santa Fe, Ignacio «Nacho» Torres de Chubut, y el peronista Sergio Zilliotto de La Pampa, entre otros. Si bien se mencionó la posible participación del mendocino Alfredo Cornejo, el radical no pudo sumarse debido a un compromiso previo en su agenda.
En representación del Gobierno intervinieron los secretarios Carlos Guberman (Hacienda) y Lisandro Catalán (Interior), quienes han conducido las negociaciones desde el momento en que los mandatarios provinciales se irguieron para reclamar el envío de fondos de los ATN y del impuesto a los combustibles.
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Con miras a intensificar la presión negociadora, los gobernadores extendieron la invitación a la oposición parlamentaria para la charla virtual. Participaron José Mayans por el peronismo, Eduardo Vischi por el bloque de la UCR, Alfredo De Angeli por el PRO, Martín Lousteau por Evolución Radical, y Mónica Silva, referente de Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro. Curiosamente, el radical Víctor Zimmermann, a quien se le había encomendado la redacción de la propuesta, no estuvo presente.
En efecto, ya existe un borrador en el Senado, listo para ser presentado en la mesa de entradas, dada la imposibilidad de que los gobernadores sean firmantes. Las condiciones parecen propicias para iniciar el debate en comisión, con un previsible y contundente apoyo de la oposición.
Las grietas se ahondan: sin acuerdos a la vista
A pesar de la creciente presión, la posición gubernamental se mantuvo inquebrantable, y el encuentro culminó una vez más sin Avances significativos. Días antes, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya había manifestado en el Senado, antes de que abandonara el recinto tras un altercado verbal, que no existía acuerdo para abordar las reformas exigidas por las provincias.
En este contexto, Francos detalló que la modificación en el reparto de los ATN podría formar parte de una negociación, pero «en la medida en que los fondos estén disponibles y hasta donde el Estado esté dispuesto, dentro de las condiciones de superávit fiscal”.
En cuanto a la propuesta de reforma del impuesto al combustible, el ministro coordinador reafirmó la oferta a las provincias de ceder la totalidad de las obras viales, transfiriéndoles la Dirección de Vialidad Nacional. No obstante, esta proposición tampoco encontró eco entre los mandatarios.
«Nos quieren dar Vialidad, pero no nos ceden los fondos», protestaron desde el norte. Más allá de la disputa con el Gobierno central, la cuestión de la obra pública ha puesto de manifiesto las disparidades entre las provincias. Gobernadores como Pullaro, de Santa Fe, cuentan con un plan de infraestructura propio y acceso a créditos del Banco Mundial, lo que concentra su reclamo en el porcentaje del impuesto a los combustibles.
Por contraste, la situación en Chaco, Formosa, Salta y Jujuy es diametralmente opuesta. Con economías de menor envergadura, estas provincias dependen crucialmente de los ingresos de todos los rubros, ya sean ATN, impuestos a los combustibles o el financiamiento nacional para la obra pública.
Por el momento, la postura dilatoria de la administración de Javier Milei, que aún no responde a los reclamos provinciales, genera desesperación entre sus aliados. Inicialmente, las provincias aspiraban a que el Ejecutivo coparticipara el 50% de estos fondos de manera automática y sin discrecionalidad; ahora, la intención es avanzar sobre la totalidad de los recursos. «El problema es que los 24 gobernadores están reclamando y habría mayorías para cambiar todo», alertó una fuente legislativa cercana al oficialismo.
El peronismo, en sus diversas facciones, impulsa la aprobación del proyecto en el Congreso. Desde La Rioja, se respalda la iniciativa, dado que la Casa Rosada ha reducido los fondos coparticipables y ha suspendido las transferencias automáticas, dejando a la provincia gobernada por Ricardo Quintela en «una situación financiera delicada».
Por su parte, el senador por Catamarca, Guillermo Andrada, figura cercana al gobernador Raúl Jalil, refutó la supuesta dificultad para atender el reclamo provincial sobre la modificación en el reparto de los ATN. El legislador argumentó que los adelantos están concebidos para «compensar desigualdades o emergencias» y explicó que su destino es específico, pero su distribución es flexible. En resumen, Andrada negó cualquier impedimento legal para satisfacer el pedido de las provincias, afirmando que la solución reside únicamente en los acuerdos políticos.
En concreto, los gobernadores están exasperados porque de la recaudación impositiva solo reciben entre 28% y 30%, y para colmo, se han creado una serie de gravámenes que no son coparticipables. Sin embargo, para quienes siguen de cerca la negociación, es evidente que las provincias solo buscan una concesión del Ejecutivo; de lo contrario, ya habrían avanzado con medidas más contundentes.
Caputo, la última esperanza
Ahora, la mirada se posa en lo que sucederá el próximo martes, cuando se reúna nuevamente la mesa del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y se anticipe la presencia del ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo. Entre los actores dispuestos al diálogo, se elevan plegarias para que las gestiones lleguen encauzadas. De fracasar las conversaciones con los gobernadores y de avanzar el proyecto de reformas en el Congreso, el impacto en el exterior sería palpable, con un aumento del riesgo país y mayor inestabilidad en los mercados.
