<div class="semiton-wrapper" data-texto="¿República o Repúblicaaaaaah? Argentina, ese crisol de pasiones y contradicciones, nos ha regalado, una vez más, un capítulo digno de una serie de plataformas que aún no se animan a producirlo. Porque seamos honestos, la Constitución es ese documento que juramos proteger hasta que nos da la gana. ¡Y claro, Formosa! Esa provincia que, para algunos, es como la dimensión alternativa donde las reelecciones son más infinitas que la lista de espera para un turno en el ANSES.
Dicen por ahí que la alternancia en el poder es esencial, ¿será verdad? Porque si no, ¿para qué tanto ajetreo electoral si el ‘gran líder’ nunca se va? Ah, sí, la transparencia. Esa palabra que suena tan bien en los discursos, pero que en la práctica, a veces, parece más un holograma. ¿Y la voluntad popular? Seamos serios, si nos van a dar un bolsón de comida por el voto, ¿quién le dice que no a unas buenas galletitas? Porque el hambre, muchachos, no tiene ideologías.
Pero cuidado, que el Congreso tiene la llave para poner pausa a la autonomía provincial y, según dicen, reencauzar el rumbo. ¿Intervención federal? Una medida que suena a ‘game over’ para algunos, pero a ‘reset’ para otros. ¿Será, quizás, el momento de poner a prueba la famosa ‘división de poderes’ o es que el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo están compitiendo por ver quién tiene más poder?
Lo cierto es que Formosa parece estar abonando el terreno para una intervención federal, esa figura que, como el unicornio, todos juran haber visto pero pocos entienden. Porque, al final del día, esto no es más que una cuestión de ‘decisión política’. Y en Argentina, la política es más impredecible que el dólar blue.">
formosa: ¿un ‘far west’ constitucional o un «déjà vu» electoral?
La Constitución Nacional, faro y guía de nuestra organización política, sienta las bases para los sistemas democrático, republicano, federal y presidencialista. Entre sus pilares, la división de poderes, la independencia del poder judicial y la alternancia en el ejercicio del poder se erigen como principios inquebrantables. Sin embargo, la realidad, a menudo, parece tener un guion propio que desafía la letra de la ley.
la alternancia: una joya esquiva
La alternancia, ese noble ideal que evita la perpetuación en el poder, va más allá del simple acto de sufragar. Porque, seamos francos, ¿qué tan libre es un voto condicionado por la “prebenda”, los cargos públicos o la siempre presente tentación de la corrupción? Una voluntad popular viciada, más que una elección, se convierte en un sainete tragicómico donde el elector se debate entre el deber cívico y la urgencia de la subsistencia. Por ello, limitar el tiempo de aquellos que "conducen los destinos de un país" no es un capricho, sino una necesidad vital para la sanidad institucional.
Las constituciones provinciales, en replicación del espíritu nacional, están obligadas a espejar este sistema republicano y democrático. Pero, ah, Formosa. La provincia litoraleña se postula como un caso de estudio, cuasi de laboratorio surrealista, donde los principios constitucionales enfrentan una puesta a prueba constante. Las denuncias de coacción electoral, con supuestos "intercambios de bolsones de comida por troqueles de voto", no hacen más que enturbiar la transparente voluntad popular. Viciar lo que debería ser prístino.
la violación de principios y la sombra de la intervención
Más allá de la transparencia electoral, Formosa parece tener una particular relación con la alternancia. La posibilidad de reelección indefinida del gobernador, una suerte de "mandato eterno" consagrado en su Constitución, colisiona frontalmente con el espíritu republicano. Esta situación, señalan los expertos, configura dos de las causales constitucionalmente previstas para la intervención federal de la provincia. Cuando una jurisdicción no cumple con el mandato constitucional de respetar internamente los sistemas republicano y democrático, se abre la puerta a esa medida extrema: la intervención federal. Un stand-by de la autonomía provincial, una pausa obligada para "reencauzarla" hacia el sendero de la legalidad.
La potestad para activar este mecanismo recae en el Congreso de la Nación, mediante la sanción de una ley que requiere la mitad más uno de los votos de los presentes en cada Cámara. Presentar un proyecto de ley para intervenir Formosa, según fuentes consultadas, sería una tarea de una "sencillez notable" para cualquier legislador o el Poder Ejecutivo. Los argumentos sobran: desde los audios sobre la "compra de votos" hasta el reciente fallo de la Corte Suprema, que ya declaró inconstitucional el artículo 132 de la Constitución formoseña en lo que respecta a las reelecciones indefinidas. En definitiva, la intervención de Formosa, más que una posibilidad legal, es, pura y exclusivamente, una "cuestión de decisión política". Y las "circunstancias" en Formosa, como diría el clásico, "lo ameritan".
