El gobierno de la provincia de Santa Fe respondió con contundencia el martes por la noche a la medida anunciada horas antes por Mercado Libre. La empresa de Marcos Galperín había comunicado que, a partir del próximo martes, «comenzará a discriminar la carga impositiva» de cada provincia, tanto en su plataforma de compra y venta como en Mercado Pago, su herramienta de pagos electrónicos.
Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe, no titubeó al asegurar que la decisión de la compañía constituye una «represalia». Según el funcionario, esta postura empresaria se enmarca en las exigencias del gobierno provincial a la firma por mayores controles en la concesión de puntos de pagos, aduciendo que parte de los sistemas de la empresa estarían operando en actividades ilícitas.
la excusa y la realidad
«Es falso que Santa Fe haya incrementado la carga tributaria a plataformas de venta online», manifestó Olivares, desmintiendo de plano el argumento principal esgrimido por Mercado Libre. La empresa había justificado su medida con la necesidad de «diferenciar en su interfaz los impuestos nacionales de los provinciales» ante la supuesta «carga impositiva de determinadas provincias».
La comunicación de Mercado Libre, lanzada a primera hora del martes, sentenciaba: «El impuesto a los Ingresos Brutos sube el costo de las soluciones que ofrecen las plataformas digitales y esto afecta a millones de consumidores y comercios». Sin embargo, Olivares ofreció una perspectiva diametralmente opuesta y cargada de desconfianza.
«Estamos ante una maniobra donde la empresa busca falsas excusas para hacer discriminación de precios a sus usuarios», sentenció el ministro santafesino. Y profundizó su acusación, ligando directamente la política empresarial con el accionar delictivo.
«Este comunicado (de la empresa) parece una represalia al reclamo que desde principio de año venimos haciendo a Mercado Libre para que realicen controles elementales a quienes les entrega dispositivos Point, dado que en muchos sitios o búnkeres donde se comercializa droga se secuestran dispositivos Point (lectores de tarjeta y QR) de Mercado Pago», indicó Olivares en su cuenta de la red social X.
Es falso que Santa Fe haya incrementado la carga tributaria a plataformas de venta on line.
Estamos ante una maniobra donde la empresa busca falsas excusas para hacer discriminación de precios a sus usuarios.
Este comunicado parece una represalia al reclamo que desde principio… https://t.co/ZaAJV3mSfR
— Pablo Olivares (@polivares3) July 2, 2025
el narco y la fiscalidad
El funcionario fue más allá y pintó un cuadro crudo de la situación: «Las fotos de los allanamientos en la provincia de Santa Fe muestran una escena cada vez más frecuente: armas, droga y dispositivos de Mercado Pago».
«Resulta paradójica esta situación porque mientras Mercado Libre facilita indirectamente las transacciones de los narcos, el Estado de Santa Fe debe destinar recursos de Ingresos Brutos para financiar las políticas de seguridad y el accionar policial para combatir estas mismas actividades ilícitas», concluyó Olivares, conectando la problemática fiscal con la lucha contra el narcotráfico.
Más allá de las acusaciones del ministro santafesino, es innegable que la administración de Maximiliano Pullaro ha sido objeto de críticas en materia tributaria, tanto por parte del gobierno nacional como del propio Marcos Galperín. La decisión de Mercado Libre, según su propio comunicado, buscaría «transparentar la cuantía de la carga tributaria en los distintos puntos del país».
«Hasta ahora, los cargos por vender en Mercado Libre y Mercado Pago eran iguales en todo el país, pero las diferencias cada vez mayores en las alícuotas de Ingresos Brutos entre provincias terminan perjudicando a quienes trabajan y compran en aquellas con menor carga impositiva», difundió la empresa. En la práctica, la medida que comenzaría a regir el 8 de julio podría implicar una reducción de cargos para operar en provincias como Corrientes, Río Negro, Santa Cruz, Formosa o Santiago del Estero, mientras que aumentarían en jurisdicciones como Córdoba, Santa Fe o Jujuy, donde los gravámenes de Ingresos Brutos (IIBB) superan la media nacional.
«Es un impuesto distorsivo que afecta a vendedores y consumidores, encarece los productos y servicios, va en contra de la formalización y genera mayores costos», ahondó el comunicado de Mercado Libre. Por su parte, la gobernación santafesina sostiene tener otras razones para esta escalada de tensión.
