## Detención de un prófugo: el caso Bertulazzi y la tensión judicial
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció con marcado énfasis la reciente detención de Leonardo Bertulazzi, de 72 años, a quien calificó de «terrorista italiano». La captura, ejecutada por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), se produce tras la validación de su pedido de extradición por parte de la Corte Suprema de Justicia. Este operativo constituye una de las primeras acciones de relevancia de la flamante agencia policial, presentada en junio y que ya genera controversia.
Bullrich no escatimó en expresiones al referirse al historial de Bertulazzi: «Integró las Brigadas Rojas, responsables del secuestro y asesinato del exprimer ministro (italiano) Aldo Moro, en 1978. Durante años, usó el refugio político como escudo. Este gobierno se lo revocó». En un mensaje posterior, que reemplazó a uno borrado previamente, la ministra publicó un video del traslado de Bertulazzi y aseveró: «Se acabó el circo y los privilegios que otros le dieron: será extraditado».
### Una historia de idas y venidas judiciales
Bertulazzi fue condenado en ausencia por la justicia italiana a 27 años de prisión por el intento de secuestro de un ingeniero y empresario, Pietro Costa, y por su presunta participación en el planeamiento del secuestro y ejecución de Aldo Moro. La decisión del tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, avaló la solicitud de extradición.
Sin embargo, la inminente extradición de Bertulazzi enfrenta un obstáculo significativo: la Corte Suprema aún debe pronunciarse sobre su estatus de refugiado político en Argentina, concedido hace 23 años. En agosto de 2024, la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE) había revocado dicho estatus, pero Bertulazzi apeló esta medida, y es precisamente sobre esta apelación que el máximo tribunal debe expedirse.
Fuentes del operativo, consultadas por Clarín, señalaron que «fue una detención con fines de extradición, que llevó a cabo la Unidad Antiterrorismo de la PFA, y si bien está en revisión su estatus de refugiado político, la Justicia decidió asegurar una pronta entrega a su país de origen».
### Precedentes y giros inesperados
La historia de Bertulazzi en Argentina se remonta a 2002, cuando fue detenido por primera vez en el barrio de Constitución con un pasaporte falso. El entonces juez Claudio Bonadio lo notificó de las condenas emitidas por tribunales de Roma y Génova. Tras algunos meses detenido, en julio de 2003, fue liberado y se le concedió el estatus de refugiado político por la jueza María Romilda Servini, quien argumentó que Bertulazzi no había podido ejercer su derecho a defensa al no encontrarse en Italia. Desde entonces, estuvo amparado por una resolución del Comité de Eligibilidad para los Refugiados (CEPARE), entidad que posteriormente fue reestructurada por el actual Gobierno como CONARE.
Paradójicamente, fue la misma jueza Servini quien, en agosto de 2024, revocó el estatus de refugiado de Bertulazzi. Posteriormente, fue detenido en Defensa al 600, San Telmo, en un operativo conjunto de la PFA e Interpol. No obstante, a fines de noviembre, debió ser puesto en libertad debido a que ni su pedido de extradición ni la situación legal de su estatus de refugiado habían sido abordados por la Corte Suprema. Con el aval del máximo tribunal al pedido de extradición, la detención de Bertulazzi se concretó pocas horas después, marcando un nuevo capítulo en este prolongado proceso judicial.
