El Gobierno nacional observa con una mezcla de cansancio y expectativa el avance de los gobernadores en el Senado. Lejos de la sorpresa, el Poder Ejecutivo ya preveía la ofensiva de las provincias, que se materializó en dos iniciativas legislativas clave: el reparto de los codiciados Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y una reasignación del impuesto a los combustibles. Sin embargo, en el intrincado ajedrez político, se abren canales de diálogo con los mandatarios más proclives al consenso, en un intento por desescalar la tensión y evitar un choque frontal. No obstante, desde los despachos provinciales advierten que, de llegar a concretarse los eventuales vetos presidenciales, el oficialismo podría encontrar serias dificultades para sostenerlos en el ámbito legislativo.
Guillermo Francos, el jefe de Gabinete de la Nación, se erigió como la voz autorizada del Ejecutivo para confrontar la demanda de los gobernadores. Estos, ya habían llevado sus reclamos a la Casa Rosada y al Consejo Federal de Inversiones, un foro donde el Gobierno estuvo representado por el vicejefe de gabinete, Lisandro Catalán, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
La postura oficial fue contundente desde el inicio. «Los gobernadores siempre quieren más plata; tratamos de encontrar algún camino para responderles y que no tenga impacto en las cuentas. Pero no hay ninguna posibilidad de que el presidente (Javier) Milei y el ministro (Luis) Caputo cedan un ápice en el superávit fiscal. Podrán venir los 24 gobernadores a plantearnos…Y cualquier ley que quiera alterar eso será vetada», había declarado Francos una semana antes en Córdoba, dejando en claro la línea roja del Gobierno.
La respuesta de los gobernadores y la pulseada legislativa
Apenas seis días después de esas declaraciones, la totalidad de los 24 gobernadores redoblaron la apuesta. Sus demandas se transformaron en dos proyectos de ley que ingresaron este miércoles en la Cámara Alta. En paralelo, en el Senado esperan otras iniciativas de fuerte impacto fiscal, como los aumentos de jubilaciones y la declaración de la emergencia en discapacidad. Desde la oposición, no obstante, se minimiza el riesgo, advirtiendo que, si bien son proyectos con erogaciones, están lejos de poner en jaque el equilibrio fiscal.
Fuentes cercanas a las negociaciones, consultadas por Clarín, revelaron que, con la suerte echada, la única petición de la Casa Rosada a los sectores ‘dialoguistas’ fue que las iniciativas sobre asignaciones específicas del impuesto a los combustibles y el reparto de ATN fueran tratadas en comisión y no directamente sobre tablas. Si bien hubo un eco inicial a este pedido, los gobernadores no descartan acelerar los tiempos en el recinto. Tienen los números y los votos necesarios. Parte del radicalismo, a su vez, ve con buenos ojos el debate en comisión como una vía para extender cualquier posible negociación.
Aunque en el grupo de gobernadores ‘dialoguistas’ —que superan la docena— existe una voluntad de acuerdo, son conscientes de que los sectores más duros de la oposición están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias en la confrontación.
Entre la confrontación y la gobernabilidad
El oficialismo parece vivir una dicotomía interna. Por un lado, la tentación de confrontar abiertamente y diferenciarse del grueso del arco político, utilizando esta postura como plataforma electoral. Federico Sturzenegger, ministro de Transformación y Desregulación del Estado, uno de los dos representantes con asiento en el renacido Consejo de Mayo (que días atrás comenzó a sesionar con el mendocino Alfredo Cornejo como embajador de los gobernadores), ya había expuesto esta visión. «Aceptábamos como una verdad que un recorte era impopular», afirmó en un encuentro con ‘radicales libertarios’, a quienes agradeció por blindar los vetos del año pasado.
Sin embargo, la realidad legislativa es compleja. Sin el apoyo de los legisladores macristas –quienes votaron divididos en Diputados en la votación de jubilaciones y discapacidad– y de algunos representantes de los gobernadores, el ‘número mágico’ de 85 diputados necesario para blindar un veto podría verse comprometido.
La posibilidad de una rebelión de los ejecutivos provinciales, en un contexto de presión cambiaria, amenaza con socavar el objetivo principal del presidente Milei: mantener la inflación a la baja.
Por ahora, el ministro de Economía, Luis Caputo, se mantiene reacio a cualquier acercamiento con los mandatarios provinciales, tensando la cuerda que Francos intenta sostener en aras de la gobernabilidad. Guberman, por su parte, escuchó los pedidos de los secretarios de Hacienda de los distritos, pero el encuentro del martes no dejó conformes a las provincias.
El reparto de ATN a las provincias, que representa un flujo de recursos por fuera de las transferencias automáticas de la coparticipación (las cuales cayeron significativamente por la baja de la recaudación), creció un 187% en relación a 2024, según datos de la consultora Politikon Chaco. A pesar de este incremento porcentual, los mandatarios provinciales subrayan que solo se distribuyó el 20% de lo acumulado: apenas $91 mil millones.
La economía se entrelaza con la política. La tensión entre Balcarce 50 y los gobernadores escalará aún más en los próximos 35 días, previo al cierre de alianzas de cara a los comicios nacionales de octubre. En el Ejecutivo, predomina la decisión de apostar al ‘violeta’ y no ceder ante los gobernadores, incluso aquellos considerados afines. De hecho, el radical Leandro Zdero, único que rubricó un acuerdo con los libertarios en los comicios provinciales, también se plegó al pedido de sus pares.
