El presidente Javier Milei avanza en una ofensiva directa contra la justicia laboral, a la que responsabiliza por fomentar la llamada “industria del juicio”, favorecer al sindicalismo y obstaculizar las reformas impulsadas por el Gobierno. La estrategia incluye visibilizar públicamente a los jueces laborales y promover cambios legislativos e institucionales para reformar el sistema actual.
Furia libertaria contra el fuero laboral
El conflicto escaló en los últimos días tras una serie de fallos adversos a decretos clave del Gobierno, como el DNU 70 —que incluía un capítulo laboral—, el DNU 340 sobre derecho a huelga y el DNU 430 que eliminaba el Día del Trabajador del Estado. El detonante fue un fallo de la jueza Moira Fullana, quien declaró inconstitucionales los artículos 2 y 3 del DNU 340, en respuesta a presentaciones de la ATE y la CGT.
La respuesta desde la Casa Rosada fue inmediata. El vocero presidencial, Manuel Adorni, la calificó como “jueza militante” y denunció una supuesta connivencia entre sindicalismo y justicia. “La mafia sindical consiguió que la casta judicial le proteja uno de sus privilegios”, afirmó en redes sociales.
Reformas en estudio
El Gobierno analiza diversas medidas. Entre ellas, avanzar en el traspaso de juzgados laborales y comerciales nacionales a la Ciudad de Buenos Aires, tras el fallo de la Corte Suprema que habilitó al Tribunal Superior de Justicia porteño a actuar como instancia superior. Desde diciembre pasado, ese tribunal ya recibió más de 180 causas laborales derivadas por la Corte.
Otra línea de acción es la modificación del procedimiento de la justicia laboral, iniciativa que requeriría mayor respaldo legislativo. En ese sentido, La Libertad Avanza apuesta a ampliar su representación parlamentaria en diciembre.
Litigiosidad en alza
Un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) advierte que entre junio de 2024 y mayo de 2025 se iniciaron 126.700 juicios laborales, cifra que equivale a 6.891.653 salarios mínimos, con un costo estimado de más de $2 billones. La UART alerta que, pese a la reducción en accidentes y mortalidad laboral, la judicialización se incrementó por “pericias médicas infladas” y “tasas de interés desproporcionadas”.
El Gobierno evalúa cambios en el Sistema de Riesgos del Trabajo y sanciones a abogados que inicien demandas consideradas fraudulentas. En paralelo, estudian mecanismos para revisar el patrimonio de los magistrados laborales y aumentar su exposición pública como forma de presión institucional.
Una batalla con historia
El enfrentamiento entre el oficialismo y el fuero laboral no es nuevo. Durante su presidencia, Mauricio Macri ya había denunciado la existencia de una “mafia de los juicios laborales” y apuntado contra estudios jurídicos que, según él, promovían litigios que perjudicaban a las pymes y desincentivaban el empleo.
Ahora, Milei retoma esa línea y redobla la apuesta, con un discurso más directo y una estrategia política basada en la confrontación. Para el Presidente, visibilizar a los jueces y desmantelar el sistema de litigios laborales es parte del combate cultural que propone su modelo de “libertad económica sin privilegios”.
