El Decreto Delegado 426/25, rubricado por el presidente Javier Milei y los funcionarios Luis Caputo y Mario Lugones, redefine el rol del Instituto Nacional de Vitivinicultura. El organismo queda bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y se concentra exclusivamente en el control del producto final disponible para consumo. Se eliminan así los controles obligatorios sobre viñedos, procesos de elaboración, fraccionamiento y transporte, delegando incluso parte de la fiscalización a entidades privadas.
Mayor libertad para innovar
Distintos actores del sector vitivinícola ven con buenos ojos la desregulación. Coinciden en que los requisitos anteriores implicaban altos costos administrativos y operativos, dificultando la innovación y el desarrollo. Con el nuevo esquema, el INV interviene sólo al final de la cadena, lo que permitirá a los productores experimentar sin restricciones excesivas.
Certificaciones optativas y exportación bajo control
Las certificaciones de origen, añada y varietal pasarán a ser optativas. Podrán ser emitidas tanto por el INV como por entidades privadas, siempre a pedido del productor. No obstante, el control estatal continúa siendo obligatorio para productos destinados a exportación, en línea con lo requerido por países importadores y respaldado por autoridades provinciales como el gobernador Alfredo Cornejo.
Facilidades para importar y armonización internacional
Mediante la Resolución 20/2025 del INV, publicada el 6 de junio, se elimina el certificado analítico obligatorio para productos importados desde países con acuerdos técnicos equivalentes, como la Unión Europea, Chile y Nueva Zelanda. En esos casos bastará con una declaración jurada electrónica. Para el resto de los países, se mantiene la presentación del certificado analítico tradicional, que debe incluir parámetros como alcohol, acidez, azúcares, metanol y anhídrido sulfuroso.
Este giro normativo responde a la intención del Gobierno de alinear a la industria local con estándares internacionales, en particular los propuestos por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) y el Grupo Mundial de Comercio del Vino. La simplificación de trámites apunta a reducir tiempos en aduanas y evitar cuellos de botella logísticos en puertos.
Implicancias legales y estructurales
La nueva normativa no sólo transforma funciones, sino que también reorganiza jerárquicamente al INV, al situarlo bajo la órbita de Agricultura. Se derogaron normativas anteriores que otorgaban al organismo un rol fiscalizador desde el viñedo hasta la botella, atribuciones que en muchos casos fueron señaladas como un obstáculo para el crecimiento del sector.
Expectativas y beneficios esperados
| Beneficio | Detalles |
|---|---|
| Simplificación | Menos trámites obligatorios para productores y exportadores |
| Reducción de costos | Disminución de personal dedicado a cumplimientos burocráticos |
| Flexibilidad operativa | Libertad para innovar e importar con menores restricciones |
| Competitividad internacional | Ventajas en logística y alineamiento con estándares globales |
Argentina se posiciona con una normativa vitivinícola más moderna, centrada en asegurar la calidad del producto final sin entorpecer el desarrollo productivo en origen. La reforma al INV apunta a dinamizar el sector y mejorar la competitividad del vino nacional en el mercado global.
