Tras haber forzado al oficialismo a reunir a las comisiones, y en un clima de fuerte tensión, la oposición consiguió dictaminar el proyecto que declara la emergencia pediátrica y de las residencias por un año. La novedad es que agregaron un artículo que da marcha atrás con el nuevo régimen de becas optativas para las residencias creado por el Ministerio de Salud, de Mario Lugones, vía resolución.
Más tarde, el plenario de Educación y Presupuesto le dio luz verde también a los proyectos que actualizan el presupuesto universitario.
El dictamen de mayoría de la Emergencia Pediátrica consiguió 65 firmas de diputados de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, Innovación Federal (el bloque de gobernadores) y la radical Natalia Sarapura, que firmó en disidencia.
La UCR presentó un texto propio junto a la Coalición Cívica -que no incluye la derogación de la resolución de las becas de residentes- mientras que la Izquierda tuvo su propio dictamen. La Libertad Avanza presentó uno de rechazo. El PRO, como partido, no firmó ninguno aunque la legisladora Ana Clara Romero acompañó el de los radicales.
Algunos apuestan a que se logre sesionar la semana que viene por ambos temas. Otros lo ven menos probable por el receso y las vacaciones de invierno que alteran las presencias y los vuelos disponibles.
«Cuando presentamos el proyecto no existía todavía el cambio que precariza aún más a los residentes. Así que lo conversamos con ellos y lo vamos a agregar», adelantó a Clarín la diputada de UP Victoria Tolosa Paz antes del comienzo del debate.
El jefe de bloque de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, lo ratificó. «Celebramos el artículo que retrotrae la resolución que condena a los residentes a condiciones deplorables», lanzó.
«El sistema tal cual está ahora lo pueden seguir eligiendo los residentes. Con lo que ustedes no están de acuerdo es con la libertad«, se quejó la libertaria Carolina Píparo y fue abucheada por los residentes que están presenciando la reunión.
En esa línea el texto incorpora una breve frase que ordena: «Deróguese la Resolución N° 2109/2025 del Ministerio de Salud de la Nación».
La decisión generó dudas entre los propios diputados opositores. Hay algunos que creen que el Congreso no puede disolver una resolución por ley. «En todo caso hay que sancionar una ley que establezca un mecanismo y de esa manera la ley tendría más peso que la resolución», señaló un legislador. «Hoy avanzamos así y de acá al recinto resolvemos la mejor manera», señaló otro.
El proyecto despachado ordena la «recomposición inmediata de salarios» y «eximir a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de Ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y guardias», entre otros puntos.
También declara al Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” como «hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad».
Foto Federico Lopez Claro.
Para financiar la emergencia plantea que «el Poder Ejecutivo reasignará partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, dentro del ejercicio fiscal vigente, y podrá ampliar los recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias».
La reunión empezó con una álgida discusión sobre quién debía presidirla porque Pablo Yedlin, presidente de la comisión cabecera de Salud no llegó a tiempo de Tucumán por complicaciones en los vuelos por el pre feriado del 9 de julio. Finalmente presidió José Luis Espert, titular de la comisión de Presupuesto.
Financiamiento Universitario
A las 16, por su parte, los diputados dictaminaron el proyecto de financiamiento universitario con 49 firmas provenientes de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica e Innovación Federal. La UCR presentará un despacho aparte.
El texto principal fue el presentado por la radical Danya Tavela y la peronista Blanca Osuna, que cuenta además con el aval del Consejo Interuniversitario Nacional, el Frente Sindical de Universidades y las Federaciones Universitarias.
El texto obliga al Ejecutivo a convocar paritarias para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores universitarios (docentes y no docentes), considerando la inflación desde diciembre de 2023 hasta el momento de la sanción de la ley. Los aumentos, estipula, deben ser remunerativos y bonificables. A su vez plantea una frecuencia mínima trimestral para las paritarias y fija que los salarios deben actualizarse mensualmente, de mínima, al ritmo de la inflación.
Por otra parte fija un porcentaje mínimo de inversión presupuestaria según el PBI. Establece que el presupuesto universitario crecerá progresivamente: comienza con 1% del PBI en 2026 y va incrementando hasta llegar a 1,5% del PBI para 2031.
«El Gobierno nacional ha decidido comerse la inversión en las universidades, como se come la inversión en obra pública y se dejan de hacer rutas o éstas se vienen abajo. Cuando un gobierno deja de invertir en educación se acotan las posibilidades del país de tener productividad y desarrollo», planteó Tavela.
«La política de educación superior del gobierno es de desprecio a la universidad pública, que más que un reordenamiento lo que estamos viendo en estos dos años es un claro vaciamiento», sentenció Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica.
