El desmantelamiento vial que sacude a la Argentina
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha elevado su voz de protesta ante la reciente embestida del Gobierno nacional contra instituciones clave del transporte. La medida, que incluye la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, entidad medular en el diseño, mantenimiento y construcción de la trama vial argentina, ha encendido las alarmas en el ámbito sindical y social.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, confirmó el cierre de Vialidad Nacional, junto con la Comisión Nacional de Tránsito y la Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Con un tono enérgico, Adorni sentenció: «la corrupción en la obra pública tiene hoy su acta de defunción firmada», haciendo una clara alusión a la sentencia contra la expresidenta Cristina Kirchner en una causa vinculada a la licitación irregular de obras viales.
CGT: un ataque al modelo federal y la seguridad vial
La central obrera, a través de un comunicado difundido por uno de sus referentes, Héctor Daer, expresó su profunda preocupación. «Como si fuera poco, el mismo Gobierno comunicó la disolución de otros dos organismos cuyas funciones son vitales para el control del transporte terrestre como la Comisión Nacional de Tránsito y la Agencia Nacional de Seguridad Vial», señaló la CGT.
Daer, subrayando la trascendencia de la decisión, afirmó: «El cierre de Vialidad Nacional y el despido de miles de compañeras y compañeros es un ataque directo al modelo de país federal que defendemos. Las rutas son las venas que conectan a nuestra Argentina productiva. Sin obra pública, no hay justicia social ni desarrollo». La advertencia de la CGT es contundente: «Estas intempestivas e improvisadas medidas dejan en vilo a miles de trabajadores cuyas funciones y tareas en cada una de las rutas de la Argentina son fundamentales para la prevención de accidentes automovilísticos, una de las principales causas de muerte en nuestro país».
Asimismo, el comunicado gremial denunció que «una vez más, el Poder Ejecutivo, en lugar de poner sus esfuerzos en mejorar la vida de las y los argentinos, lleva adelante acciones cuyo único objetivo es generar incertidumbre sobre miles de puestos de trabajo y desidia respecto de nuestras rutas». El corolario es lapidario: «Este nuevo avance del Gobierno Nacional no hace más que transformar a las rutas argentinas en un espacio donde, más temprano que tarde, el abandono derivará en más accidentes y peligro para las millones de personas que las transitan día a día». En este contexto, la CGT se ha puesto «a disposición» de los trabajadores afectados para afrontar las acciones y medidas de fuerza necesarias «en defensa de los puestos de trabajo y la seguridad de nuestros caminos».
Repercusiones y futuro incierto para los trabajadores
El anuncio gubernamental se produjo en la antesala del vencimiento de las facultades delegadas por el Congreso Nacional para aplicar la Ley Bases, cuyo plazo caducó el miércoles 9 de julio, y fue oficializado con su posterior publicación en el Boletín Oficial. Se prevé una reorganización de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, que pasará a llamarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte, asumiendo la autoridad sobre la fiscalización de concesiones viales.
Adicionalmente, Adorni informó que el Gobierno «dará apertura a la licitación de 9120 kilómetros de ruta que tras décadas de despilfarro y corrupción se vieron degradadas como nunca antes en la historia del país». Con la misma vehemencia, el vocero reiteró que «la corrupción en la obra pública tiene hoy su acta de defunción firmada».
Los trabajadores de Vialidad reclaman por sus trabajos con una manifestación en el centro porteño
En respuesta a estas determinaciones, los trabajadores de Vialidad Nacional realizaron una manifestación en el centro porteño, frente a la sede del organismo en la Avenida Presidente Julio A. Roca al 700. La movilización, que si bien no interrumpió el tránsito por completo, restringió la circulación en uno de los carriles, buscaba obtener certezas sobre la continuidad de sus puestos laborales.
Durante la jornada, la protesta se trasladó hasta Plaza de Mayo, con planes de alcanzar la Avenida Roque Sáenz Peña al 700, donde se localiza el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, cartera a cargo de Federico Sturzenegger, considerado uno de los principales impulsores de estas medidas.
Tras el anuncio del cierre de Vialidad, cerca de cinco mil trabajadores han sido puestos «en disponibilidad». Esto implica que el Estado continuará abonando sus salarios durante los próximos 12 meses, lapso en el que podrían ser reubicados en otras áreas de la administración nacional o, en su defecto, ser desvinculados, conforme a lo estipulado en la Ley Bases del año precedente.
«En Vialidad Nacional las y los trabajadores están en asamblea, dispuestos a defender el organismo y resistir el desmantelamiento del gobierno. En defensa de cada puesto de trabajo, en defensa de la seguridad vial en cada ruta de nuestro país», escribió Daniel Catalano, dirigente de ATE Capital, en sus redes sociales, donde compartió imágenes de la concentración.
