Santa Cruz, bastión histórico en el imaginario popular y escenario clave de la política, se encuentra hoy en el ojo de un huracán vial. La provincia patagónica, que durante los gobiernos kirchneristas fue el epicentro de licitaciones de obra pública, experimenta un giro radical. Se ha confirmado judicialmente que 51 licitaciones de obras viales fueron adjudicadas de manera sistemática y regular a empresas vinculadas a Lázaro Báez, constituyendo una maniobra fraudulenta que, según la justicia, no habría sido posible sin la complicidad de funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad.
Este contexto de irregularidades, que incluso condujo a la condena de Cristina Kirchner, ha servido de fundamento para la reciente decisión del gobierno nacional de disolver la Dirección Nacional de Vialidad. En un anuncio contundente desde Casa Rosada, se comunicó la determinación de no solo concluir con la existencia de dicho organismo, sino también de impulsar un megaplán de licitación de más de 9.000 kilómetros de ruta a nivel nacional, con una particularidad: ninguno de estos proyectos contemplará la provincia de Santa Cruz.
Un cambio de ruta ineludible
“Podemos afirmar que mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”, sostiene la acusación central de la investigación del caso Vialidad, citada por el vocero presidencial, Manuel Adorni.
Esta declaración subraya la magnitud de la problemática que hereda el actual gobierno. La nueva matriz de licitaciones, que priorizará las concesiones con cobro de peaje y abarcará el 20 por ciento de la red vial nacional concentrando el 80 por ciento del tránsito, excluye categóricamente a Santa Cruz. Este dato no es menor, considerando que la provincia, gobernada por Claudio Vidal, ya ha dejado de percibir 24.830 millones de pesos correspondientes a obras en ejecución sobre rutas nacionales troncales como la 3 y la 40.
El costo de la corrupción vial
El caso de la autovía Caleta Olivia-Rada Tilly es emblemático. Licitada hace 17 años con un presupuesto inicial de $674 millones y un avance promedio del 37%, el gobierno anterior terminó desembolsando a dos constructoras de Lázaro Báez la suma de 2.892 millones de pesos, lo que representa un incremento del 329% sobre el costo original. La obra, a día de hoy, permanece inconclusa.
El cierre de Vialidad Nacional y la exclusión de Santa Cruz de la agenda vial nacional llegan en un momento en que la provincia contaba, desde hace más de seis meses, con un listado de 40 obras que ya no percibirán fondos de la Nación. Algunas de estas obras fueron adjudicadas a Lázaro Báez hace 16 años y siguen sin finalizar. La decisión del gobierno central es contundente: estas rutas, símbolos de la corrupción pasada, no serán ofertadas nuevamente ni incluidas en planes futuros.
La fotografía actual es diametralmente opuesta a la de los doce años de administración kirchnerista, donde Santa Cruz recibió el 12% del presupuesto global de Vialidad Nacional y el 86% de los contratos licitados en la provincia terminaron en manos del conglomerado empresarial de Lázaro Báez. En números, los 51 contratos de Báez representaron una erogación presupuestaria de 46.000 millones de pesos, la mitad de los cuales correspondieron a obras abandonadas. La demanda civil contra los involucrados en el caso Vialidad asciende a 22.300 millones de pesos, equivalentes al dinero pagado por rutas que nunca se terminaron.
Las irregularidades documentadas fueron múltiples: simulación de licitaciones, falsas constituciones de UTEs, sobreprecios del 64,72%, adjudicación de nuevas obras a pesar de incumplimientos sistemáticos y la presentación de un mismo certificado de capacidad técnica. La mitad de estos contratos quedaron inconclusos, generando un daño al Estado que asciende a 86.000 millones de pesos, cifra que se está actualizando para determinar el monto final del decomiso.
La justicia lo denominó “el Estado a favor de Lázaro Báez”, quien gozó de circuitos exclusivos de pago y al finalizar el gobierno de Cristina Kirchner en 2015, era el único empresario al que no se le adeudaba nada. Este legado de corrupción ha redefinido el mapa vial de la Argentina, dejando a Santa Cruz en una encrucijada, sin nuevos proyectos viales provenientes del gobierno central y con el desafío de lidiar con las consecuencias de un pasado de irregularidades.
