Son siete, en total, los temas que los senadores quieren tratar en la sesión de este jueves. Los que no tienen dictamen -como los de los gobernadores- requieren dos tercios de los votos para ser aprobados, mientras que los que tienen despacho de comisión -jubilaciones y emergencia en discapacidad- deberían aprobarse con mayoría simple. Sin embargo, el secretario parlamentario los declaró inválidos por no considerar aplicable la autoconvocatoria de las comisiones. Se espera una álgida discusión reglamentaria para saldar la diferencia en el recinto.
Paquete jubilatorio
Hay dos proyectos previsionales que como ya tienen media sanción de Diputados se convertirían en ley si se aprueban.
Uno de ellos implica un aumento general para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% -excepto para los regímenes especiales. Ese porcentaje busca recomponer la pérdida que sufrieron los jubilados en enero del año pasado cuando la inflación fue del 20 % y el ajuste que otorgó el Ejecutivo fue del 12,5 %.
Además incorpora un incremento del bono, actualmente congelado en $ 70 mil a $ 110 mil, y quedaría estipulada actualización por inflación.
El segundo proyecto extiende por dos años la moratoria jubilatoria que el Gobierno dejó caer en marzo y por la que la mayoría de los adultos mayores acceden a una jubilación.
Emergencia en discapacidad
El proyecto declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027. Ordena la regularización de pagos y actualización de aranceles, una reforma del sistema de pensiones no contributivas, el fortalecimiento de la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y auditorías, a la par que plantea que el Ejecutivo también deberá informar públicamente sobre la ejecución presupuestaria y las políticas implementadas en el marco de la emergencia. Entre otros puntos.
Regulación y automatización del reparto de los adelantos del Tesoro Nacional (ATN)
El proyecto plantea modificar la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), haciéndola automática e incorporándola a la Ley Permanente de Presupuesto Nº 11.672. La distribución, plantean, se haría según los coeficientes establecidos en la Ley de Coparticipación Federal .
El fondo se nutre con el 1% de la coparticipación a repartir y el 2% de impuesto a las ganancias. Y debe ser destinado a “atender situaciones de emergencia y desequilibrio financieros de los gobiernos provinciales”.
Pero los gobernadores señalan que el fondo es sistemáticamente subejecutado, generando una situación paradójica donde los contribuyentes pagan impuestos federales para fondearlo, pero que ahora que consideran que viven «una profunda crisis de recursos» -por el recorte generalizado en las transferencias presupuestarias a provincias, junto a la caída en los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal- los mismos no son aplicados.
Resaltan que “son recursos con afectación específica que administra el Gobierno Nacional pero que no son propios» y apuntan que el costo fiscal para el gobierno nacional es de 0.03% del PIB ($253.000 Millones).
Coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL)
El texto establece que lo generado por este gravamen será un 14,29% para al Tesoro Nacional, un 57,02% para las provincias, y 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social que será destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales.
También se especifica cómo será el reparto entre las provincias, con un 25% en partes iguales y el 75% restante de acuerdo a los índices de coparticipación.
Además, impulsa la eliminación de los fideicomisos de Infraestructura Hídrica; de Infraestructura de Transporte; y Sistema Vial Integrado; y los fondos Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior; y Nacional de la Vivienda. Los recursos de estos “serán distribuidos de conformidad” a lo establecido en la Ley de Coparticipación Federal.
El costo fiscal para el Gobierno Nacional dicen que es del 0,08% del PIB ($714.000 Millones).
Insistencia al veto de Milei por la emergencia en Bahía Blanca
El Congreso había aprobado por unanimidad en el Senado un proyecto que declaraba la emergencia para Bahía Blanca tras las inundaciones. Pero el presidente Javier Milei lo vetó.
El texto -que creaba un fondo especial de $ 200 mil millones para ayuda y reconstrucción- había surgido como una iniciativa de los tres senadores bonaerenses: los camporistas Juliana Di Tullio y Eduardo «Wado» de Pedro y el radical Maximiliano Abad.
Avanzó fácil en comisiones y en el Senado votaron todos a favor, incluidos los legisladores de La Libertad Avanza.
El vocero presidencial Manuel Adorni fue el encargado de justificar el veto. Señaló que en abril el Gobierno ya asignó $ 200 mil millones «para ayudar de manera directa los damnificados» y que ahora «la casta política pretende hacer política con la tragedia aprobando en el Congreso un proyecto que se superpone con los recursos ya transferidos».
Sin embargo, los senadores lo desmienten y explican que lo único que hizo el Congreso es fijar por ley aquello a lo que se comprometió el Gobierno.
«La ley no se superpone con el decreto 238/25 del Poder Ejecutivo: tiene mayor jerarquía constitucional y un alcance más amplio, porque no se ocupa sólo de las urgencias sino de soluciones estructurales. El Fondo Especial está pensado para reconstruir infraestructura pública dañada y reactivar el circuito económico local, dos puntos que no están previstos en el decreto del Gobierno Nacional», detalló el radical Abad.
Proyecto para blindar a YPF ante el fallo de la jueza Preska
Tras el fallo adverso de la jueza estadounidense Loretta Preska -para que el estado argentino entregue el 51% de las acciones de YPF- en el Senado los radicales Maximiliano Abad y Pablo Blanco presentaron un proyecto para ratificar «la inmunidad soberana que se desprende del artículo 10 de la Ley 26.741, que regula la expropiación de acciones de YPF S.A».
Básicamente buscan reafirmar con fuerza parlamentaria el artículo 10 de la Ley 26.741 -con la que se expropió- que prohíbe al Estado Nacional disponer acciones de YPF S.A. sin previa autorización del Congreso, y con una mayoría de dos tercios.
«La defensa de YPF es la defensa del federalismo, del Congreso, de nuestros recursos estratégicos y del futuro del país. Con el acompañamiento del Senador Pablo Blanco, impulsamos proyecto en el Senado para ratificar la soberanía argentina y defender nuestra Constitución», planteó Abad.
