<div class="semiton-wrapper" data-texto="¡Ajusten sus cinturones, señoras y señores! Porque en el increíble circo judicial argentino, donde pareciera que hasta los cuervos le tiran a las escopetas, los abogados de Carlos Kirchner, el primo "por si las moscas" de la expresidenta, vienen con la gorra en la mano y el ojo bien afinado. ¿El botín? Nada menos que 500 millones de pesos por haber defendido a su cliente en el caso Vialidad, donde, oh sorpresa, terminó absuelto. Sí, absuelto, así como lo escuchan, en un país donde hasta el perrito de la tía abuela parece tener más condenas que un chorizo federal.
Pero esperen, que la función no termina ahí. Porque cuando estos paladines de la toga se apresuraron a pasar la factura, el gobierno de Javier Milei, a través de la mismísima Vialidad Nacional –esa entidad que no sabemos si arregla rutas o se dedica a pagar cuentas astronómicas–, pegó el grito en el cielo. ¿Unos "modestos" 500 millones por un trabajito que les salió gratis a los Kirchner? ¡Ni que hubieran resucitado a Lázaro Báez para que devuelva la plata!
Así que ahora, la pelota está en la cancha de la Cámara de Apelaciones, esa suerte de reality show judicial donde se decide quién paga qué y si el tamaño de la billetera se mide en megapíxeles o en pesos actualizados. Mientras tanto, en los pasillos de Tribunales, se escucha el eco de los pesos –y de los chistes– sobre cómo se valora un "honorario provisorio" en la tierra donde la inflación es el deporte nacional. ¡Qué siga el juego, que el show debe (y vale) continuar! Y nosotros, aquí, con pochoclos esperando el próximo capítulo de esta saga que ya da para una serie de Netflix y hasta para una monografía en la facultad de Ciencias Económicas.">
Carlos Kirchner, primo del expresidente y familiar político de la exmandataria, figura en la selecta nómina de personas absueltas en el sonado caso Vialidad. Ante esta situación, sus representantes legales, en el marco de la demanda civil iniciada por el Estado contra Cristina Kirchner y los demás condenados por daños y perjuicios, solicitaron la regulación de sus honorarios profesionales. La cifra reclamada asciende a una suma aproximada de $500 millones por las tareas de defensa realizadas.
La Justicia determinó dicho monto, pero la administración del presidente Javier Milei, a través de Vialidad Nacional, expresó su oposición a esta decisión, al monto fijado y apeló la resolución ante el tribunal.
Los letrados que ejercieron la defensa del primo Kirchner son Enrique Arce y Nicolás Guzmán. El pedido de cobro de sus honorarios se concretó luego de que la Justicia confirmara la condena en el caso Vialidad y la absolución de Carlos Kirchner.
Durante un extenso período de doce años, el exfuncionario ocupó el cargo de titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal. El fiscal general Diego Luciani, en sus alegatos, había solicitado una pena de dos años de prisión para Carlos Kirchner por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Si bien había sido elevado a juicio bajo las acusaciones de administración fraudulenta y asociación ilícita, durante el desarrollo del debate oral, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que no encontró pruebas suficientes para sustentar las imputaciones iniciales y únicamente le atribuyó el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. No obstante, al momento de dictar sentencia, los jueces del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) lo absolvieron al considerar que la acusación se encontraba prescripta.
Previo al inicio del juicio oral, el juez federal Julián Ercolini, a cargo del expediente, había ordenado la detención de Carlos Kirchner al interpretar que su conducta evidenciaba una posible obstrucción a la investigación. El exfuncionario había movilizado fondos de sus cuentas aun cuando regía una inhibición de bienes y, adicionalmente, había proporcionado domicilios falsos. El Tribunal de juicio dispuso su liberación al señalar que los riesgos procesales ya no se encontraban vigentes.
Una vez que la absolución adquirió firmeza, los abogados solicitaron la regulación de honorarios en el marco de la demanda por daños y perjuicios que tramita en el fuero Civil y Comercial.
Esta demanda civil se inició durante la administración de Mauricio Macri contra Cristina Kirchner y todos los implicados en la maniobra defraudatoria que se materializó en torno a las 51 licitaciones viales que, de manera sistemática e irregular, fueron adjudicadas a Lázaro Báez.
litigio por honorarios y apelación de vialidad
En el contexto de dicho expediente, el 17 de junio se notificó a todas las partes de una resolución judicial que establece: “Atendiendo al mérito, eficacia y extensión de la labor profesional durante la primera etapa procesal, el monto involucrado y tomando como base regulatoria el monto que razonablemente pudiera corresponder de prosperar la presente acción, regulo los honorarios provisorios a los letrados apoderados del codemandado Carlos Santiago Kirchner, Dres. Enrique Alberto Arce y Nicolás Guzmán, en 6364 UMA ($449.992.076)”.
El juez Marcelo Bruno Dos Santos resolvió así la regulación de honorarios, pero el gobierno, a través del responsable letrado de la Dirección Nacional de Vialidad, Marcelo Sáenz Urquiza, manifestó su oposición a la decisión. Apeló dicho fallo por considerar “prematuros y altos dichos honorarios regulados”.
Para Vialidad, el propio organismo es el damnificado y no debería ser quien abone el monto. Y considera que «los sujetos responsables de la acción se encuentran estrechamente vinculados a la causa penal y que cuanto menos funda el derecho a reclamar en el marco de la mencionada causa”.
El recurso de apelación fue concedido por el juez Dos Santos y ahora será la Cámara de Apelaciones del fuero Civil y Comercial la que deberá dirimir la controversia.
magnitud del daño y actualización de cifras
Cuando se inició el juicio penal contra Cristina y Lázaro Báez, la cifra global por las 51 licitaciones adjudicadas ascendía a 46.000 millones de pesos. Sin embargo, al dictar sentencia, el TOF 2 precisó que la defraudación ascendía a 85.000 millones de pesos.
“Ese monto es el resultado de la suma total de las actualizaciones practicadas con relación a cada uno de los valores nominales al momento en que se verificó la diferencia de costo, ajustada mediante el índice de precios al consumidor, pues se procuró preservar el valor real del monto obtenido”, fundamentaron los jueces.
Se señaló al respecto que se determinaron dos ámbitos claramente mensurables en relación al perjuicio económico ocasionado. “El primero consiste en la diferencia entre los montos fijados por el Estado al confeccionar el pliego para la realización de una obra y el precio finalmente contratado”. Esto, comprendieron los magistrados, “producto de la concurrencia cartelizada al proceso licitatorio”.
El segundo concepto en base al cual se determinó el perjuicio económico a la administración pública “está dado por la existencia de sobreprecios en, al menos, tres de las cinco obras viales peritadas”. La pericia oficial estimó entre 170 y 220 millones de dólares solo en ese universo de rutas analizadas, configurándose como un *modus operandi*.
Con estos criterios y cifras actualizadas, la demanda civil cuenta con mayores fundamentos. La administración de Javier Milei solicitará que, una vez actualizada la cifra del decomiso en el caso Vialidad –tarea a cargo de los peritos contables de la Corte Suprema–, también se establezca un nuevo valor en la demanda civil.
