un expresidente en jaque por la causa de seguros
El expresidente Alberto Fernández se encuentra en el ojo de la tormenta judicial tras ser procesado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco de la investigación por las contrataciones de seguros por parte de organismos estatales. A la imputación se suma un embargo por la estratosférica suma de más de 14.600 millones de pesos, una cifra que, si no es una metáfora, bien podría financiar un par de rutas o una siesta con los ojos abiertos.
La causa, que cobró notoriedad a raíz de una investigación periodística del diario Clarín, indaga sobre un esquema de intermediación de seguros que habría desviado fondos públicos a través de comisiones millonarias. El expediente, inicialmente instruido por el juez Julián Ercolini, pasó a manos de Sebastián Casanello en febrero de este año, quien ahora dictó el procesamiento del exmandatario. La lupa judicial se posa sobre 25 contratos que diversas entidades del Estado celebraron con Nación Seguros S.A., en los que brokers privados habrían percibido más de 3.000 millones de pesos en comisiones.
la defensa del exmandatario y la “persecución”
Mediante sus redes sociales, Alberto Fernández no tardó en expresar su disconformidad con el fallo. Acusó a la «in) Justicia Federal» de perseguirlo «por peronista» y de ceder a la presión de los «medios de comunicación», una melodía conocida en el repertorio político argentino cada vez que la justicia pisa el acelerador. «Ahora, repentinamente, se me imputa no haber advertido el ‘riesgo’ que suponía nombrar como secretaria a la esposa de un productor de seguros», ironizó Fernández, desestimando la gravedad de la vinculación con el principal intermediario señalado en la causa, su amigo Héctor Martínez Sosa.
El procesamiento alcanza también a Martínez Sosa y a su esposa y exsecretaria de Fernández, María Cantero, a quienes se les atribuye haber actuado como partícipes necesarios. Además, la resolución, que no implica prisión preventiva, incluye al extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y a otros exmiembros del directorio.
el decreto cuestionado y los beneficios privados
El nudo central de la imputación a Fernández radica en el Decreto 823/2021, una normativa que, a ojos de la Justicia, “vedó la posibilidad de realizar licitaciones públicas que fomenten la competencia y transparencia” en las contrataciones de seguros estatales, al obligar a los organismos a operar exclusivamente con Nación Seguros S.A. y, paralelamente, habilitar la intermediación de brokers.
Según la investigación, este esquema habría beneficiado desproporcionadamente a un reducido grupo de actores, concentrando el 86% de las comisiones pagadas en manos de solo cinco empresarios. De este porcentaje, un llamativo 42% de los contratos habrían sido adjudicados al amigo del expresidente, Héctor Martínez Sosa. La Justicia sospecha que los intermediarios se beneficiaron de «importantes comisiones» por su designación, «a raíz del direccionamiento efectuado por los funcionarios interesados». La causa sigue su curso, desentrañando, según los investigadores, un esquema que operó entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, en el que 39 personas fueron llamadas a indagatoria por presuntamente haber «intervenido mancomunadamente» en la «recaudación y distribución de fondos públicos».
