Este lunes 14 de julio, la jueza Loretta Preska del tribunal del Distrito Sur de Nueva York definirá si concede a la Argentina el pedido de suspensión del fallo que ordena entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park, en el marco de la causa por la expropiación de la petrolera.
El Ejecutivo argentino formalizó su apelación ante la Cámara del Segundo Circuito para frenar la cesión accionaria mientras continúa el proceso legal. El Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro encabezan la estrategia jurídica, que considera que la transferencia representaría una pérdida de control definitiva sobre YPF.
La defensa oficial argumenta que el fallo viola la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y desconoce las disposiciones de la ley argentina de expropiación de 2012, que exige aprobación legislativa con mayoría especial para ceder activos estratégicos.
Impacto financiero y político
Desde el Ministerio de Economía alertaron que una ejecución forzada de la sentencia afectaría la soberanía nacional, generaría un daño irreparable a la petrolera y complicaría las negociaciones fiscales y de deuda en curso. La posibilidad de que los fondos litigantes vendan inmediatamente las acciones agrega presión al proceso.
El presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo se mantuvieron al tanto de cada paso del expediente. Caputo coordinó junto a sus equipos una defensa que no descarta llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos si fuera necesario.
Expectativa del mercado
El caso es seguido de cerca por bancos, consultoras y fondos de inversión. El otorgamiento del “stay” por parte de Preska sería un alivio parcial, ya que frenaría la cesión mientras se tramita la apelación. Un rechazo, en cambio, habilitaría embargos o ventas inmediatas de los títulos.
Orígenes del conflicto
La controversia se remonta a la expropiación de YPF en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner. Si bien se llegó a un acuerdo con Repsol, otros accionistas —como el grupo Petersen— no recibieron compensación. Los fondos Burford y Eton Park adquirieron los derechos de litigar y avanzaron judicialmente contra el Estado argentino.
En septiembre de 2023, Preska falló en contra del país y dictó una condena que hoy supera los u$s 17.000 millones con intereses. El Gobierno intenta revertir esa decisión o, al menos, impedir su implementación inmediata hasta que se expidan instancias superiores.
Desde YPF, el presidente Horacio Marín aclaró que la compañía no participa del proceso judicial ni forma parte de la estrategia legal. “Nuestro rol es técnico, no somos parte del expediente”, señaló.
