En un nuevo capítulo del extenso juicio por la expropiación de YPF, el Gobierno de Estados Unidos anunció que respaldará nuevamente a la Argentina como amicus curiae ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York.
El caso gira en torno al reclamo del fondo Burford Capital, que exige la entrega del 51% de las acciones de YPF en manos del Estado argentino, en cumplimiento de un fallo dictado en 2023 por la jueza Loretta Preska. La magistrada había condenado a la Argentina a pagar más de USD 16.000 millones por considerar inadecuada la forma en que se concretó la estatización de la petrolera en 2012.
Esta semana, el Departamento de Justicia de EE.UU. informó que presentará en los próximos días un escrito con sus argumentos, solicitando a la Corte de Apelaciones que suspenda la ejecución del fallo mientras se tramita la apelación. El documento fue firmado por David E. Farber, fiscal adjunto del Distrito Sur de Nueva York.
La participación estadounidense apunta a reforzar la posición de la Argentina, pero no implica un respaldo total: no incluye, por ahora, un posicionamiento sobre el fallo de fondo ni la entrega de acciones. Sin embargo, sienta un precedente importante. Ya en octubre de 2024, cuando gobernaba Joe Biden, EE.UU. había solicitado a la jueza Preska que rechazara el pedido de Burford, invocando las normas de inmunidad soberana que protegen los activos de un Estado extranjero.
“La medida solicitada por los demandantes violaría leyes de inmunidad soberana y no debería ser concedida por la Corte”, decía aquel documento. Aun así, Preska decidió avanzar con la ejecución, una señal que ahora busca revertirse.
Estrategia argentina: sumar más aliados
Mientras tanto, desde la Cancillería y la Procuración del Tesoro —organismo que lidera la defensa legal del país— se trabaja en una estrategia conjunta para sumar a otros países como amicus curiae. Según trascendidos, podrían sumarse Uruguay, Paraguay, El Salvador y, desde Europa, Italia, Francia y Alemania. Todos respaldarían el argumento de que las acciones de YPF están protegidas por inmunidad soberana y que no pueden ser ejecutadas por una corte extranjera.
“La intervención del Gobierno de EE.UU. apunta, con toda probabilidad, a influir en la Corte de Apelaciones para que suspenda la ejecución del fallo”, explicó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, en su cuenta de X (ex Twitter).
Más allá del resultado final, el respaldo diplomático estadounidense marca una señal política relevante en un caso que podría tener consecuencias económicas significativas para la Argentina, y en el que se juegan tanto intereses financieros como criterios de jurisprudencia internacional.
